La Corte Suprema de Justicia recibió en la mañana de este lunes una demanda formal interpuesta por la organización Colombia Transparente contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro, ambos del Pacto Histórico, por un presunto carrusel de contratos irregulares que habrían sido otorgados a cambio de favores sexuales. La denuncia, que ya fue radicada ante la Sala de Casación Penal, se fundamenta en las revelaciones de la exfuncionaria Deicy Jiménez, quien aseguró en una entrevista con la revista Semana que sostuvo una relación íntima con Petro desde 2019 y que, a partir de ese vínculo, obtuvo múltiples contratos públicos por un valor superior a los 113 millones de pesos.
Según el documento presentado por Colombia Transparente, los hechos atribuidos a Gustavo Petro en su condición de senador consisten en haber utilizado su posición para gestionar contratos en entidades del Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia, entre otras. Jiménez afirmó que la relación comenzó luego de conocerse a través de una plataforma para adultos en 2019, cuando ambos se encontraron en un hotel de Cali. “Apareció como un cliente más y al mes nos conocimos personalmente y seguimos una relación. Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él”, declaró la exfuncionaria a Semana. En total, los registros contractuales señalan que los contratos se habrían otorgado desde 2021, y la relación habría terminado el 6 de agosto de 2026.
Las acusaciones de Deicy Jiménez
En sus declaraciones, Jiménez fue contundente al señalar un presunto abuso de poder durante el gobierno de Gustavo Petro. “No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, afirmó. La exfuncionaria detalló que el primer encuentro íntimo ocurrió en Cali en 2019: “Fue en Cali, en un hotel. Llegué como a las nueve de la noche y amanecimos juntos. Al otro día me fui y ya. Como al mes me vine para Bogotá. Eso fue en 2019”. Además, Jiménez aseguró que Petro asistía a fiestas y después daba discursos en estado inconveniente: “Obviamente, él tiene derecho a hacer lo que quiera, pero tratándose del Gobierno y más de un presidente, es delicado. Él, después de esas fiestas y todo eso, salía a hablar y por eso lo veíamos en esa actitud, de esa forma y, pues, no. No estaba bien”. La denuncia también menciona el consumo y suministro de drogas en esos contextos.
Dentro de los contratos específicos identificados, destaca uno del Ministerio del Interior por 11.151.338 pesos, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2025. Una certificación oficial de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, fechada el 28 de agosto de 2025, avaló el perfil de Deicy Jiménez para la ejecución de dichos contratos. La demanda de Colombia Transparente también vincula a María José Pizarro por un contrato correspondiente a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), lo que la sitúa en el centro de las investigaciones por la presunta red de intermediarios que facilitaba los contratos irregulares.
Implicaciones legales y políticas
El caso tiene implicaciones procesales diferenciadas. Los hechos atribuidos a Gustavo Petro durante su ejercicio como presidente serán remitidos a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que aquellos correspondientes a su período como senador serán tramitados directamente por la Corte Suprema de Justicia. María José Pizarro, por su parte, también deberá enfrentar el proceso en la Sala de Casación Penal. La denuncia se suma a otras acusaciones previas, como las difundidas por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre una presunta red de mujeres jóvenes que recibieron beneficios contractuales a cambio de favores, lo que ha generado un fuerte debate político en el país.
“Los hechos atribuidos al señor Petro como senador consisten en el uso de su posición para obtener contratos en entidades públicas, incluidas entidades del Congreso, desde 2019 según el relato y desde 2021 según los registros contractuales”.
Documento de la denuncia de Colombia Transparente
Hasta el cierre de esta edición, ni Gustavo Petro ni María José Pizarro se han pronunciado oficialmente sobre la demanda. La Corte Suprema deberá determinar si admite la denuncia y procede con las investigaciones correspondientes, en un caso que promete mantener la atención pública y judicial en los próximos meses.
