La muerte de Yasmín Rodríguez, una joven de 22 años madre de una bebé de 16 meses, ocurrida el 17 de octubre de 2026 durante un operativo militar en zona rural entre Puerto Rico y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, ha desatado una fuerte controversia política y social. Dirigentes del Pacto Histórico señalan el caso como un presunto falso positivo y exigen una investigación independiente, mientras rechazan la versión oficial del Ejército que la vinculaba con las disidencias de las Farc.
Según el reporte castrense, la operación se desarrolló contra la estructura disidente Marco Aurelio Buendía, al mando de alias Calarcá, en la finca Rancho Grande. En el procedimiento murió Rodríguez y fueron capturadas tres personas, además de decomisarse dos fusiles, dos pistolas, tres granadas, munición, equipos de comunicación y otros elementos. El Ejército presentó a la joven como compañera sentimental de alias Junior Rojas, señalado integrante de esa estructura, y la incluyó en el parte de guerra como una baja de las organizaciones armadas.
Sin embargo, la familia de Yasmín Rodríguez y la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cooperativa aseguran que ella era una campesina trabajadora que se dedicaba a labores de cocina y oficios varios en fincas de la región, y que para nada hacía parte de grupo armado alguno. La comunidad busca limpiar su nombre y que se establezca la verdad de lo ocurrido aquel 17 de octubre, insistiendo en que la joven fue víctima de una ejecución extrajudicial.
Rechazo político y llamado a investigar
El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz fue uno de los primeros en pronunciarse a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que «Yasmín no era una cifra en un parte de guerra, era una madre. El Ejército la presentó como integrante de las disidencias de las Farc». En otro mensaje, Gómez Paz cuestionó directamente al presidente Abelardo de la Espriella: «Mientras Abelardo celebraba ‘un bandido muerto’, una familia perdía a su hija y una niña quedaba sin su mamá».
El senador Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, lanzó una advertencia sobre las políticas de seguridad: «Colombia ya vivió lo que pasa cuando se presiona por resultados». Por su parte, la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como Lalis, preguntó: «¿Qué política de seguridad necesita quitarle la vida a inocentes para mostrar resultados?» y anunció que promoverá un debate de control político al Ministerio de Defensa.
El fantasma de los falsos positivos
El expresidente Gustavo Petro calificó a Rodríguez como «joven de 22 años, madre, civil y campesina» y señaló que fue presentada como baja de organizaciones armadas, en lo que considera un nuevo episodio de ejecuciones extrajudiciales. El caso se suma a otras denuncias de posibles falsos positivos durante el actual Gobierno en hechos ocurridos en Santa Marta y La Macarena. Según Lalis, ya suman al menos cuatro denuncias de este tipo en lo que va del periodo presidencial de Abelardo de la Espriella.
El contexto histórico es aún más grave: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, senadores como Gómez Paz y Ocampo han solicitado la intervención de la Fiscalía General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para que investiguen a fondo la muerte de Yasmín Rodríguez, mientras la familia espera que se haga justicia y que la pequeña huérfana pueda conocer la verdad sobre lo que realmente le ocurrió a su madre.
