En una denuncia penal presentada formalmente el 25 de octubre de 2026 y divulgada al día siguiente, el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, confirmó la existencia de un contrato entre Deicy Jiménez y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y acusó al expresidente Gustavo Petro de liderar una presunta red de contrataciones a cambio de favores sexuales. La denuncia fue radicada ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, y señala a Petro por los delitos de peculado, tráfico de influencias de servidor público y concusión. La doble instancia se explica porque los hechos imputados abarcan tanto su época como senador como su periodo presidencial, y el contrato con el Dapre, publicado el 25 de julio de 2026, ya habría finalizado.
El escándalo se originó tras la entrevista que Jiménez, quien se desempeñó como auxiliar administrativa del Dapre y antes fue trabajadora sexual, concedió a la revista Semana el 25 de octubre. En ella denunció que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos públicos bajo el mismo mecanismo de favores sexuales. Las acusaciones están respaldadas por fotografías y conversaciones que deberán ser verificadas por las autoridades judiciales, mientras Petro conserva la presunción de inocencia. Según la información revelada, los cinco contratos atribuidos a Jiménez suman un valor total de cien millones ciento cincuenta y un mil trescientos treinta y ocho pesos, y sus vínculos contractuales se extendieron al Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
El Dapre en el centro de la controversia
Enciso fue enfático al señalar la gravedad de que los hechos involucren al Dapre, la entidad que depende directamente del presidente de la República. «Estamos hablando de la entidad que rige directamente el presidente de la República», afirmó el director del Instituto Anticorrupción, quien además precisó que la denuncia ya estaba radicada: «La denuncia no es que la vamos a presentar, ya la presentamos desde el día de ayer». Enciso también destacó que la evidencia documental es contundente en cuanto a la materialización de los contratos: «Todo lo que está quedando en evidencia es que los contratos sí existieron». Frente a las declaraciones del director del Dapre, Carlos Ríos, quien mencionó a 48 mujeres instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios, Enciso manifestó sus dudas sobre si se trata de los mismos casos: «Yo tengo la impresión de que son grupos de mujeres diferentes».
«Estamos hablando de la entidad que rige directamente el presidente de la República»
Camilo Enciso, Director del Instituto Anticorrupción
La denuncia tipifica los hechos como peculado, por una contratación sin justificación misional; tráfico de influencias, al recomendar o facilitar la contratación; y concusión, por el intercambio de contratos por favores sexuales. Las penas posibles para el tráfico de influencias, contempladas en el artículo 411 del Código Penal, oscilan entre 64 y 144 meses de prisión, mientras que la concusión acarrea condenas de 96 a 180 meses. Enciso decidió no incluir en la denuncia el artículo 175 de la Constitución, relativo a la indignidad para ejercer cargos públicos, con el fin de priorizar la rapidez del proceso, aunque no descartó que ese tema pueda ser considerado posteriormente. En su respuesta pública, el expresidente Petro no abordó directamente la existencia de los contratos, según señaló el propio Enciso, y será ahora el sistema judicial el que determine la autenticidad de las pruebas y la eventual responsabilidad del exmandatario.
