El Ministerio de Salud y Protección Social denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades por más de 32.500 millones de pesos en la asignación de recursos para hospitales públicos, tras identificar que cinco resoluciones excedían el respaldo presupuestal disponible. La ministra de Salud, Ana María Vesga, anunció la denuncia mediante un video difundido por la cartera, en el que señaló que las decisiones administrativas contemplaban valores pendientes de registro presupuestal por 33.635 millones de pesos, cuando el certificado de disponibilidad presupuestal solo contaba con un saldo de 1.129 millones de pesos.
Las cinco resoluciones señaladas fueron expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026, y el hallazgo quedó consignado en un informe técnico fechado el 25 de septiembre del mismo año. Según los cálculos divulgados por el Ministerio, las asignaciones superaban en más de 32.500 millones de pesos el respaldo presupuestal disponible, lo que llevó a la entidad a entregar a la Fiscalía las resoluciones, el certificado y el informe técnico como pruebas documentales. La ministra Vesga explicó que la denuncia busca que se esclarezcan las circunstancias en que se aprobaron esas asignaciones y los controles previos a la expedición de las resoluciones.
Un millón de pesos de diferencia sin explicar
La información divulgada por el Ministerio presenta una leve discrepancia: mientras el monto reportado como presuntas irregularidades es de 32.505 millones de pesos, la resta entre los 33.635 millones pendientes de registro y los 1.129 millones disponibles arroja 32.506 millones. El texto oficial no explica la diferencia de un millón de pesos, un detalle que podría ser materia de revisión por parte de los organismos de control. De igual forma, la cartera no especificó qué hospitales públicos están incluidos, ni el monto por institución, ni los proyectos o servicios que se pretendían financiar con esas asignaciones, ni si las sumas fueron desembolsadas o permanecieron pendientes de registro presupuestal.
«Lo que debe esclarecerse es cómo se aprobaron esas decisiones y qué verificaciones se hicieron antes de expedirlas»
Ana María Vesga, ministra de Salud
En su pronunciamiento, la ministra enfatizó que los recursos de la salud exigen decisiones sustentadas y responsables, y que la ciudadanía tiene derecho a conocer las explicaciones. Añadió que corresponde a la Fiscalía valorar las pruebas, investigar los hechos y determinar las eventuales responsabilidades. El Ministerio, por su parte, manifestó su disposición a entregar información adicional que requieran los organismos de control, y en sus redes sociales señaló que la denuncia está sustentada en pruebas documentales. La investigación penal apenas comienza, y se espera que la Fiscalía determine si hubo conductas que configuren faltas disciplinarias o delitos en la asignación de estos recursos destinados a la red pública hospitalaria del país.
