Al menos 48.003 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por el conflicto armado en Colombia durante el primer semestre de 2026, según el más reciente boletín de monitoreo de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO). El informe, que corresponde al número 35 de la serie elaborada por el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la organización, documentó un total de 165 eventos ocurridos entre enero y junio de este año, con una alarmante concentración de víctimas en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca. La persistencia del conflicto armado, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas fueron señaladas como las principales causas de esta crisis humanitaria que golpea con especial crudeza a la población infantil.
Desplazamiento y reclutamiento, las afectaciones más recurrentes
El boletín de COALICO detalla que los 165 eventos registrados se distribuyen en varias categorías de vulneraciones a los derechos de la niñez. La más recurrente fue el desplazamiento forzado y la situación de refugio, con 53 eventos documentados. Le siguen el reclutamiento, uso o utilización de menores, con 47 hechos, mientras que los bloqueos de suministros y servicios básicos sumaron 33 eventos, y los ataques u ocupaciones de escuelas, hospitales y otros bienes civiles alcanzaron los 29 casos. La organización alertó que estas cifras evidencian una violación sistemática de los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad sexual de miles de menores en todo el territorio nacional.
Responsables y contexto de violencia
COALICO señaló a las disidencias de las Farc y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como los grupos armados responsables de buena parte de estas afectaciones, que se intensifican en medio de enfrentamientos, disputas territoriales y las restricciones impuestas a las comunidades. La organización cuestionó el rumbo de las estrategias de prevención y protección ante los cambios recientes en la política de paz y seguridad del Gobierno, al tiempo que insistió en la necesidad de proteger a la infancia y la adolescencia en los territorios más golpeados por la violencia. El bloqueo de suministros agrava la situación humanitaria al limitar el acceso a alimentos, atención médica y movilidad, mientras que el ataque a escuelas y hospitales atenta contra espacios esenciales para el ejercicio de derechos básicos como la educación y la salud. COALICO pidió fortalecer las medidas institucionales de prevención y protección de manera urgente para detener lo que calificó como una crisis silenciosa que continúa cobrando víctimas entre los más vulnerables del país.
