Un nuevo capítulo ha sacudido la controversia que envuelve al expresidente Gustavo Petro. El diario El Tiempo reveló un sexto contrato firmado por Deicy Alejandra Jiménez Ramírez en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), publicado apenas trece días antes de que concluyera el mandato de Petro. El hallazgo fue registrado en un reporte remitido a la Función Pública el 25 de julio de 2026, a las 5:59 de la tarde, y se suma a cinco contratos previos que la joven de 27 años habría celebrado con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La vinculación fue justificada, según el reporte, por la insuficiencia de personal y la necesidad de apoyo para proyectos financiados con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Sin embargo, Jiménez Ramírez, quien ha denunciado al expresidente por un presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales, asegura que nunca trabajó en la Casa de Nariño. «Yo no trabajé allá. Nunca fui a Casa de Nariño», declaró la denunciante, quien además advirtió que si su nombre figura en documentos de la sede principal de trabajo del presidente, habrían usado su identidad. El caso ya había escalado a los estamentos judiciales, pues el director del Dapre, Carlos Ríos, denunció ante el Congreso una presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos a cambio de «estar con el expresidente».
Una denuncia que crece en las altas esferas
La controversia trascendió las redes sociales y llegó a los estamentos judiciales. El 25 de octubre de 2026, el Instituto Anticorrupción, dirigido por Camilo Alberto Enciso Vanegas, presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y remitió copia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer posibles irregularidades en la contratación pública. Las cifras son contundentes: los pagos totales de los contratos de Jiménez con el Senado, la Superintendencia y el Ministerio del Interior superan los cien millones de pesos, mientras que la joven declaró ingresos laborales de apenas dos millones de pesos durante 2025 en el reporte a la Función Pública. La Fiscalía, por su parte, revisa dos contratos supervisados desde el Ministerio del Interior por Tito Lovo Carretero, director encargado de Seguridad de esa cartera.
«Yo no trabajé allá. Nunca fui a Casa de Nariño»
Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, denunciante
Los contratos previos de la denunciante incluyen al Senado durante la primera vicepresidencia de María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en la administración de Yennifer Parra y el Ministerio del Interior encabezado por Armando Benedetti. Jiménez ha negado conocer a Laura Sarabia o a Angie Rodríguez, personas cercanas al círculo del presidente. Se prevé que la Fiscalía cite a la joven en los próximos días para ampliar su testimonio, mientras que la Comisión de Acusaciones no descarta convocar al propio Gustavo Petro para que responda por estas revelaciones. Lo que hasta entonces parecía una denuncia aislada, ahora se perfila como una investigación de alto calibre que podría reconfigurar el panorama político del país.
