La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, presentó una querella penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún Franco, y la secretaria general del organismo, Ana María Laspriella Steevens, por la presunta violación de los derechos de reunión y asociación sindical, tipificada en el artículo 200 del Código Penal. La acción judicial se deriva de la negativa de la Federación a permitir un encuentro del sindicato con los jugadores de la Selección Colombia, programado en Baltimore, Estados Unidos, antes de un partido amistoso.
De acuerdo con la denuncia, Acolfutpro envió una solicitud formal el 14 de septiembre de 2026 dirigida a Jesurún y al presidente de la Dimayor, con el objetivo de realizar una reunión presencial con los futbolistas concentrados. La intención del sindicato era informar a los jugadores sobre los avances de la negociación colectiva, los términos del acuerdo FIFA-FIFPro, entregar material informativo y recoger sus inquietudes. Sin embargo, la Federación respondió negativamente, argumentando que el sindicato que hizo la petición ya no era el mismo que firmó el acuerdo laboral de 2025 y que la obligación de facilitar un espacio de diálogo se había cumplido con una única reunión realizada en octubre de 2025.
Antecedentes de bloqueo a la sindicalización
La querella no es un hecho aislado. Acolfutpro asegura que la Federación Colombiana de Fútbol ha obstaculizado sistemáticamente el contacto con los jugadores durante concentraciones anteriores, específicamente en Río de Janeiro en 2021, Nueva Jersey en 2022 y Valencia en 2023. El sindicato basa su petición en un acuerdo laboral firmado el 24 de marzo de 2025 en Barranquilla, con participación del Ministerio del Trabajo, que contemplaba la realización de espacios de diálogo entre el gremio y los futbolistas. La FCF, por su parte, sostiene que el compromiso era una sola reunión, ya efectuada, y que el nuevo registro sindical de Acolfutpro invalida lo pactado anteriormente.
La organización, que dice representar a futbolistas profesionales hombres y mujeres en Colombia, busca con esta denuncia que se determine la responsabilidad penal individual de los directivos y se garanticen los derechos fundamentales de los jugadores. Adicionalmente, el sindicato señala que la Federación habría promovido acciones judiciales contra el gremio, incluyendo una demanda contra su registro sindical. En un hecho paralelo, aunque no central en esta querella, Acolfutpro también ha elevado una queja ante la Procuraduría contra funcionarios del Ministerio del Deporte por la inscripción de Ramón Jesurún para el período 2026-2030. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si existen méritos para abrir una investigación formal contra los dirigentes del fútbol colombiano.
