El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó mediante el Decreto 1585, expedido el 22 de octubre de 2026, un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026, equivalente al 0,7% del PIB y a una reducción del 2,5% del presupuesto aprobado. La medida, liderada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, busca adecuar el gasto público a los ingresos esperados y cubrir una brecha de financiación de $14,7 billones, tras el rechazo del Congreso a una reforma tributaria que aportaría $16,3 billones. No obstante, un análisis de la firma Qnomos advierte que el ahorro fiscal real sería de apenas entre $1,5 y $3,9 billones, muy lejos de los $13,8 billones anunciados.
El Congreso había aprobado un PGN de $546,98 billones para 2026, pero arrastraba una brecha de financiación ante el rechazo legislativo de la reforma tributaria que buscaba aportar $16,3 billones. La emergencia económica cubrió $1,6 billones de ese monto, dejando un faltante de $14,7 billones. El recorte, formalizado mediante el Decreto 1585, se distribuye en $3 billones menos en gastos de funcionamiento, $4 billones menos en servicio de la deuda e $6,8 billones menos en inversión. Según el Ministerio de Hacienda, el ajuste equivale al 94% de la brecha presupuestal, pero para Qnomos esa proporción no implica una reducción equivalente del déficit fiscal.
Las dudas de Qnomos sobre el ahorro real
El argumento central de Qnomos es que una apropiación presupuestal define cuánto puede gastar una entidad, pero no garantiza que esos recursos se ejecuten; eliminar un cupo que no iba a ejecutarse no equivale a dejar de gastar. El cálculo parte de la ejecución registrada hasta septiembre de 2026 y de las tasas históricas de compromiso, obligación y pago.
El recorte pone el Presupuesto en línea con la plata que hay, y eso es necesario. Pero no hay que confundir bajar el cupo con ahorrar: de los $13,8 billones, nuestro ejercicio estima entre $1,5 billones y $3,9 billones de menores pagos primarios bajo distintos supuestos
Edwin Fernando Pacheco, gerente general de Qnomos
El análisis también advierte que los $4 billones menos en intereses de deuda disminuyen el presupuesto autorizado, pero no modifican por sí mismos las obligaciones contractuales del Estado. De igual forma, $3,06 billones del recorte corresponden a recursos propios de establecimientos públicos, una fuente excluida del modelo de pagos primarios del Gobierno Nacional Central. Qnomos no elaboró una nueva proyección del déficit fiscal de 2026, y señala que para que los menores pagos mejoren el balance público, los ingresos y demás ajustes tendrían que permanecer constantes, y habría que verificar si parte del ahorro ya estaba en las previsiones oficiales o del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
El Carf proyectaba un déficit de 7,8% del PIB para 2026, cifra que ya incluía un ajuste previo de $9,7 billones, mientras que la meta oficial del Gobierno era cerrar el año con un déficit de 7,2% del PIB. El decreto establece que las entidades solo recortarán partidas no comprometidas, por lo que aún no se puede determinar qué proyectos se suspenderán ni cuántas personas resultarán afectadas. Entre los recortes más visibles se cuentan $1,44 billones para el Invías y $949.100 millones para la Aerocivil, que en conjunto suman cerca de $2,39 billones del ajuste. Siete entidades concentran el 50,9% de los recortes, sin contar los intereses de deuda, y los programas con beneficiarios directos representan cerca de $2,8 billones dentro de la reducción.
En sectores como Defensa, Salud y Educación, las disminuciones son inferiores al 1,4% de sus recursos disponibles sin comprometer, lo que sugiere que el grueso del ajuste recae en rubros de inversión y en entidades con capacidad de ejecución. Qnomos advierte que entidades con recursos elevados sin comprometer en 2026, como Invías y Aerocivil, tendrán presupuestos iniciales superiores en 2027, lo que podría generar un efecto rebote en el gasto.
Las advertencias de Quiñonez para 2027
El exdirector de Fiscalización de la Dian, Christian Quiñonez, fue crítico con el ajuste. En una de sus intervenciones, señaló que el presupuesto de 2027, por $634,9 billones, refleja la realidad del gasto, y que el Gobierno se está dando cuenta de lo que puede tocar y lo que no, porque el gasto es inflexible.
Este presupuesto de $634,9 billones refleja la realidad del gasto, lo que necesita la Nación para funcionar
Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian
El Gobierno se va dando cuenta realmente de lo que puede tocar y lo que no puede tocar, porque el gasto es inflexible
Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian
En su opinión, el recorte resulta insuficiente y debería ser mucho mayor.
El recorte resulta ser insuficiente. Tiene que ser realmente alrededor de $45 billones
Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian
Quiñonez recordó que antes de la llegada del Gobierno actual se hablaba de un ajuste de $45 billones, el Ministerio de Hacienda radicó luego una reducción de $25 billones y el recorte final quedó en $13,8 billones. Además, advirtió sobre las proyecciones de ingresos para 2027.
La Dian o los ingresos tributarios proyectados para 2027 están bastante altos y quién sabe si realmente la Dian logre ese nivel de recaudo
Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian
Finalmente, anticipó que una eventual ley de rescate podría modificar beneficios tributarios con efectos similares a los de una reforma tributaria.
El debate queda abierto sobre si el recorte presupuestal del Gobierno de Abelardo de la Espriella logrará cumplir su objetivo de sanear las cuentas públicas, o si, como advierten los analistas, el verdadero ajuste estructural se verá aplazado una vez más, con efectos que podrían trasladarse a la vigencia 2027.
