La Fiscalía General de la Nación suscribió diez preacuerdos con presuntos integrantes del grupo autodenominado Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo (PPP), señalados de protagonizar ataques violentos contra el transporte público y la policía en Bogotá durante jornadas de protesta. Las penas pactadas oscilan entre 4 años y 8 meses y 7 años y 10 meses de prisión, y serán sometidas a revisión judicial el próximo 28 de octubre de 2026. En total, once personas fueron investigadas, pero una de ellas no llegó a un acuerdo con la Fiscalía.
Entre los procesados se encuentran Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, quien aceptó cargos por siete delitos y enfrenta la pena más alta, 7 años y 10 meses; Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore; Carlos Raúl Torres Laguna, alias El Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Silvia María Camargo Pinzón, alias Chimal, la única mujer del grupo; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche; Kennet Steven Mestra Montes; Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias Garu; y Johan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow, quien tiene la pena más baja, 4 años y 8 meses, por dos delitos. Los acuerdos contemplan delitos como terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público.
Ataques con explosivos y uso de universidades como refugio
Los hechos por los que se les investiga incluyen ataques a buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), estaciones de TransMilenio y patrullas de la Policía Nacional. Según la investigación, los procesados usaban carnés falsos de universidades públicas para acceder a sus instalaciones y fabricar artefactos explosivos como cócteles molotov y “papas bomba”. En uno de los episodios más graves, Juan Sebastián Manios Lozano lanzó una papa bomba contra un bus del Sitp que transportaba aproximadamente a doce pasajeros. Otro de los implicados, Sneider Sebastián Cantor Cortés, participó en al menos catorce hechos vandálicos.
Las capturas de los once presuntos integrantes se realizaron en diciembre de 2025, tras más de un año de investigación. Durante los allanamientos, que tuvieron lugar en localidades de Bogotá como Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba, se incautaron dispositivos móviles, computadores, prendas de vestir y material explosivo. La Fiscalía informó que se revisaron más de cuatro mil horas de video y se interceptaron cerca de cincuenta líneas telefónicas, logrando vincular a los procesados con al menos veintiocho actos vandálicos. La pesquisa también contempló la hipótesis de una presunta financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Traslado a Justicia Restaurativa genera controversia
El expediente fue remitido a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, mediante la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, lo que generó cuestionamientos por la gravedad de las conductas. El caso quedó a cargo del Grupo de Tareas Especiales de Justicia Restaurativa, que analiza la procedencia de mecanismos de terminación anticipada y herramientas restaurativas. Cabe recordar que los preacuerdos no constituyen condenas firmes; deberán ser avalados por un juez de la República en la audiencia programada para el 28 de octubre de 2026, que definirá la legalidad de las sanciones pactadas.
