El senador Iván Cepeda Castro anunció este martes, al término del primer debate de control político de la legislatura dirigido al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que presentará denuncias penales y disciplinarias contra el propio Dangond y contra el exabogado Abelardo de la Espriella por sus presuntos vínculos con narcoparamilitares y una «contrarreforma agraria». En una intervención ante el Congreso de la República, Cepeda reveló un conjunto de pruebas que incluyen folios de matrícula inmobiliaria, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales para sustentar las acusaciones, que apuntan a una compleja trama de capitales del narcotráfico, paramilitarismo y negocios rurales en los que estarían implicados altos funcionarios públicos.
Según detalló el senador, el esquema —al que denominó «narcorrentismo»— se sustenta en una serie de operaciones financieras que han beneficiado a Dangond y a De la Espriella. Cepeda señaló que el 40,8 % de los depósitos de capitalización en la firma Dominio De la Espriella durante 2022 provinieron del entorno de Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Barbie», condenado por narcotráfico, y que en 2023 ese porcentaje fue del 38,1 %. Además, reveló que $108.879.741 en aportes de la empresa Palmas Oleaginosas de Casacará ingresaron a la campaña al Congreso de Dangond en 2022, mientras que se han congelado $1,4 billones destinados a la compra de tierras para campesinos, bajo la gestión del ministro. El senador también mencionó que se propuso un daño emergente de $800 millones en el caso de la hacienda Simba, y que se solicita la recuperación de 430 hectáreas de baldíos que estarían en poder de Palmas Oleaginosas de Casacará, así como la devolución de 138 bienes que la SAE entregó a la estructura familiar de Rodríguez Fuentes.
Vínculos, pruebas y acciones legales
Cepeda detalló que ha identificado a 14 funcionarios en distintas entidades agrarias que mantienen vínculos profesionales, corporativos o comerciales con De La Espriella Lawyers o con el propio ministro Dangond. De la Espriella, quien adquirió ciudadanía estadounidense en febrero de 2023, enfrentará una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en contratos, tráfico de influencias, prevaricato y falsedad ideológica. Contra Dangond, el senador presentará una denuncia ante la Fiscalía General por fraude a resolución judicial, interés indebido en contratos, prevaricato, falsedad ideológica y discriminación contra el campesinado. Además, se radicaron quejas disciplinarias ante la Procuraduría contra funcionarios como Diana Patricia Bravo (SAE), Jensy Johana Osorio (Unidad para las Víctimas), Yoly Illidge (Notariado y Registro), Manuel Pretelt (MinAgricultura) y Lina Garrido (ANT).
Los casos investigados incluyen la finca Nueva Jerusalén en el Cesar, la hacienda Simba en Sucre, la finca Polonia también en Sucre, la mina Walter en Bolívar, y los predios La Alquería y La América en el Cesar. En un giro adicional, Cepeda identificó a Daniel Peñarredonda como «Coconspirador 1» en un proceso por lavado de activos que cursa en una corte federal de Tampa, Florida, lo que ha llevado al senador a remitir información a las autoridades de Estados Unidos y a congresistas demócratas.
«Este proyecto pretende eliminar al campesinado, bien sea borrando su identidad o inicialmente tolerando la agresión en contra de los campesinos y campesinas»
Iván Cepeda Castro, senador de la República
El anuncio de Cepeda se produce en medio de un creciente escándalo por el manejo de tierras y los presuntos vínculos entre sectores del narcotráfico, el paramilitarismo y altos funcionarios del Gobierno. Mientras Dangond y De la Espriella han negado cualquier irregularidad, el senador asegura que las pruebas documentales demuestran un patrón sistemático de apropiación de tierras y despojo campesino, lo que calificó como una «contrarreforma agraria» que debe ser investigada a fondo por las autoridades colombianas y extranjeras.
