El representante a la Cámara por Bogotá, David Gerardo Cote Rodríguez, radicó el pasado 27 de octubre una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra siete magistrados de la Corte Constitucional, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, tipificado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, y de manera subsidiaria por abuso de función pública, contemplado en el artículo 428 del mismo código. Los funcionarios denunciados son Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Assis, Juan Carlos Cortés González, Lina Maroela Escobar Martínez, Vladimir Fernández Andrade y Miquel Polo Rosero, quienes integraron la mayoría que aprobó el fallo sobre la reforma pensional, específicamente la sentencia que declaró exequible parte de la Ley 2381 de 2024.
Según el documento radicado, la denuncia se sustenta en que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de varias disposiciones de la reforma pensional sin antes haber subsanado los vicios de procedimiento legislativo que la misma corporación identificó, contraviniendo presuntamente los artículos 6, 121 y 241 de la Constitución Política. Cote Rodríguez sostiene que el tribunal, en lugar de devolver el proyecto al Congreso para corregir los errores de trámite, optó por convalidar la ley y, en paralelo, otorgar un plazo de treinta días a la Cámara de Representantes para que subsanara las falencias, lo que a su juicio genera una situación jurídica insostenible.
Los argumentos de la denuncia
La acción penal presentada por el congresista pone en tela de juicio puntos resolutivos específicos de la sentencia, entre ellos la fijación de una nueva fecha de vigencia para la reforma y la imposición de restricciones a las facultades legislativas de la Cámara y de las comisiones de conciliación. El texto de la denuncia presenta, no obstante, una discrepancia interna, pues en su primera página se refiere a la «Sentencia C-264 de 2026», mientras que en pasajes posteriores menciona la «Sentencia C-204 de 2026», aunque ambas fechas coinciden en el 25 de agosto de este año. Este detalle podría ser objeto de análisis por parte de la Comisión de Acusaciones al momento de estudiar la admisibilidad del caso.
«Hemos decidido, después de analizar las decisiones que tomó la Corte en la sentencia de constitucionalidad, radicar una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones contra los siete magistrados que aprobaron esta sentencia»
David Cote, representante a la Cámara
El representante explicó que la decisión de acudir a la Comisión de Investigación y Acusación obedece a que, en su lectura, la Corte excedió sus competencias al declarar exequible la ley y simultáneamente ordenar al Congreso corregir vicios de trámite. Para Cote, esta actuación configura un prevaricato por acción, pues el fallo habría sido emitido sin que previamente se hubiera saneado el procedimiento irregular. El congresista hizo énfasis en que la situación actual del país es confusa desde el punto de vista jurídico, ya que existe una ley declarada ajustada a la Constitución, pero cuyo sistema de implementación aún no ha sido aprobado por el legislativo.
«Hoy en Colombia hay un limbo jurídico, porque hoy en Colombia existe una ley exequible por la Corte Constitucional y un sistema que no existe porque no ha sido aprobado por el Congreso de la República»
David Cote, representante a la Cámara
La abstención del representante en la votación
En el mismo contexto, Cote Rodríguez anunció que se abstendría de participar en la votación de las proposiciones destinadas a subsanar los vicios señalados por la Corte, al considerar que hacerlo podría implicar su participación en un eventual prevaricato. Durante la sesión del 27 de octubre, precisamente, fueron negadas tres proposiciones presentadas por el representante Armando Zabaraín, relacionadas con los artículos 11, 14 y 19 de la reforma pensional, mientras que quedaron pendientes para el 28 de octubre siete proposiciones adicionales que tocan los artículos 23, 36, 63, 84, 92, 93 y una propuesta de artículo nuevo. El congresista fue enfático al señalar que no quería ser cómplice de una decisión que, según su criterio, se aparta del orden constitucional.
«Me abstendré hoy de votar estos vicios que quieren, por orden de la Corte Constitucional, hacerles votar a la Cámara de Representantes, porque no quiero participar de un eventual o presunto prevaricato por acción»
David Cote, representante a la Cámara
La denuncia, que ahora queda en manos de la Comisión de Investigación y Acusación, deberá sortear el análisis preliminar para determinar si hay mérito para abrir investigación formal contra los siete magistrados. Mientras tanto, la reforma pensional continúa en un escenario de incertidumbre, con una Corte que ordenó corregir los procedimientos y un Congreso que deberá decidir si acata la orden o si, como advierte Cote, se expone a nuevas controversias jurídicas. La decisión final sobre este pulso entre poderes públicos podría tardar meses y marcará un precedente en la relación entre la jurisdicción constitucional y el legislativo colombiano.
