El expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, enfrenta una nueva denuncia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El documento, radicado por la agrupación Misión Colombia Transparente y representado por el abogado Sergio Alzate, solicita a las autoridades estadounidenses revisar presuntas estructuras de lavado de activos, ocultamiento patrimonial y uso de terceros en la administración de los recursos de la campaña presidencial de 2022. La denuncia fue revelada el 13 de junio de 2026 por la revista Semana y pide evaluar antecedentes, informes e investigaciones sobre Roa y un grupo de personas y empresas vinculadas a su entorno.
Entre los señalados en la denuncia aparecen Carlos Julián Caicedo, pareja sentimental de Roa; Joan Sebastián Caicedo; Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá; Daniel Santiago Peña; Alexis Castro; César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza. También se mencionan las sociedades Bull Ingeniería S. A. S., Cetco S. A. S. y Dacar Lawyers e Investments S. A. S. Según el texto de la denuncia, estas personas y entidades «pudieran estar actuando como intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras» relacionadas con la campaña. El escrito señala presuntos movimientos de dinero de alto valor en cuentas en el exterior durante la coyuntura electoral de 2022 y un posible vínculo con organizaciones criminales o personas bajo investigación.
Un historial judicial en Colombia
Ricardo Roa no solo enfrenta este nuevo capítulo en el exterior. En Colombia, la Fiscalía ya le imputó delitos por aparentes irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente, entre ellos aportes de sindicatos como la USO y Fecode. La denuncia ante la OFAC se suma a la suspensión de su visa estadounidense, aunque esa conexión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento no se conocen pronunciamientos públicos del Departamento del Tesoro ni de la embajada estadounidense sobre las razones de esa medida.
El escenario se complica aún más con el embargo de cuentas bancarias del Pacto Histórico ordenado por un juez de Barrancabermeja el 27 de octubre de 2026. La medida responde a una deuda de 450 millones de pesos de la campaña Petro Presidente de 2022, originada por servicios de transporte aéreo prestados por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) el 18 de mayo de ese mismo año. Se trató del traslado de candidatos durante el período electoral, un servicio que nunca fue pagado y que ahora recae sobre las arcas de la colectividad.
La presentación de una denuncia ante la OFAC no implica automáticamente una sanción. Esta oficina administra sanciones financieras y mantiene la conocida Lista Clinton, en la que ya figura el expresidente Gustavo Petro. Los procesos que cursan en Colombia y la denuncia ante el organismo estadounidense son actuaciones distintas, aunque ambas giran en torno a los mismos hechos: el presunto manejo irregular de los dineros de la campaña que llevó a Petro a la presidencia. Mientras tanto, Roa continúa en el ojo del huracán judicial, con frentes abiertos tanto en el país como en el exterior.
