La Fiscalía General de la Nación citará a declaración a Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y adelantará inspecciones en esa entidad como parte de una investigación preliminar por las denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La decisión del ente acusador se conoció después de que Ríos Puerta y la denunciante Deicy Jiménez ventilaran públicamente las acusaciones en un debate de control político celebrado el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado, donde se habló de una presunta instrumentalización de mujeres mediante vinculaciones contractuales irregulares.
De acuerdo con la denuncia, al menos 48 mujeres habrían sido vinculadas a través de contratos de prestación de servicios con el fin de «estar con el presidente», según lo manifestado por el propio director del Dapre. La Fiscalía, que aún se encuentra en etapa de recaudo de información, dispondrá inspecciones en las instalaciones de la entidad y escuchará en declaración a las excdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes serían citadas para contrastar los datos aportados por los denunciantes. El organismo judicial busca establecer si existió una red de contratación irregular que benefició a mujeres a cambio de favores sexuales durante el cuatrienio presidencial de Petro.
Las denuncias de Deicy Jiménez y la respuesta de la Fiscalía
Deicy Jiménez, quien aseguró haber conocido al expresidente a través de una página de adultos y afirmó que inició una relación con él un mes después de ese contacto, ha sido una de las voces más contundentes en este escándalo. En entrevista con la periodista Vicky Dávila, Jiménez expresó su rechazo a las presuntas prácticas de poder ejercidas desde la Casa de Nariño, al tiempo que señaló que el exmandatario utilizaba a mujeres jóvenes para beneficios personales a cambio de contratos estatales. Sus declaraciones se suman a las de Carlos Ríos, quien anunció que presentará denuncias formales por la presunta instrumentalización de mujeres y afirmó que pretende demostrar que la Casa de Nariño habría tenido propósitos ajenos a la gestión pública durante el gobierno de Petro.
«No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder».
Deicy Jiménez, denunciante
La denunciante también insistió en que el número de mujeres vinculadas por contratos y que acompañaban al entonces presidente es elevado, y aunque aclaró que el expresidente puede hacer lo que quiera con su vida personal, consideró que cuando se trata del país el asunto adquiere otra dimensión. Estas afirmaciones fueron replicadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación, quien habló de una supuesta red de mujeres vinculadas a entidades estatales, algunas con labores de espionaje, y sugirió que recibieron dinero para procedimientos estéticos, sin que hasta el momento haya aportado pruebas que respalden sus señalamientos. Rodríguez mencionó a la Aeronáutica Civil como una de las dependencias a las que fueron trasladadas mujeres, varias de ellas sin formación para los cargos que ocupaban.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Carlos Ríos no aportó documentos, testimonios ni otros elementos de respaldo durante la sesión del Senado, ni identificó a las presuntas víctimas, lo que ha generado interrogantes sobre el sustento de las denuncias. La investigación de la Fiscalía, que se produce tras la difusión pública de las declaraciones, busca ahora recaudar información sobre los contratos y reunir pruebas antes de escuchar formalmente a los señalados, con el fin de determinar si existió un patrón de contratación irregular en el Dapre y otras entidades del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro. Las inspecciones ordenadas por el ente acusador se realizarán en la sede del Dapre, mientras que las diligencias de declaración tendrán lugar en la Fiscalía General, donde se espera que tanto los denunciantes como las exdirectoras de la entidad puedan entregar elementos que permitan esclarecer los hechos.
