La Comisión Primera del Senado inició este martes 27 de octubre el primer debate de una reforma constitucional que busca eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028, impedir su prórroga automática y trasladar sus competencias a la justicia ordinaria. La iniciativa, cuyo autor y ponente es el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, fue presentada ante una comisión dividida en la que se enfrentaron duras críticas a los costos, la lentitud y los resultados de la JEP con advertencias sobre los riesgos para la justicia transicional y los derechos de las víctimas. La propuesta fue defendida además por los senadores María Clara Posada, del Centro Democrático, Santiago Barreto y Alfredo Deluque, del Partido de la U, mientras que la oposición estuvo liderada por las senadoras Carolina Corcho, del Pacto Histórico, y el senador Iván Cepeda.
Según la senadora Corcho, la eliminación del tribunal dejaría en el limbo a 15.753 víctimas y a un número considerable de comparecientes, tal como lo advirtió en su intervención. “Quedarían 19 condenados de las Farc con sanción propia, pero sin nadie que verifique las medidas restaurativas; 336 máximos responsables, de los cuales 245 ya reconocieron los hechos, quedarían sin el instrumento que les permitió hacer ese reconocimiento; 21 juicios adversariales de máximos responsables que no han reconocido la verdad y los hechos quedarían en el aire y se quedarían además 221 terceros civiles y 3.443 comparecientes sin resolución, que fue lo que los trajo a la JEP, quedarían en el limbo 15.753 víctimas”, afirmó la congresista.
Denuncias de sustitución constitucional y amnistías encubiertas
La senadora Corcho fue más allá y calificó la propuesta como “un acto de venganza y de odio”, al tiempo que cuestionó la competencia de la comisión para modificar el blindaje internacional del acuerdo de paz. “No está autorizada esta Comisión para hacer una sustitución de la Constitución política y para romper el blindaje que el máximo tribunal de defensa de Derechos Humanos hizo a los actos legislativos que van aquí contraviniendo un acuerdo que el Estado colombiano suscribió a nivel nacional e internacional”, sostuvo. En contraste, el senador Enrique Gómez defendió la necesidad de la reforma con un lenguaje contundente, asegurando que las decisiones de la JEP constituyen, en la práctica, amnistías encubiertas. “Esto en lengua castiza, franca y clara, son amnistías. Lo que pasa es que en la JEP le ponemos este nombre para no decir que son amnistías, para poder con ello también beneficiar a miembros de la Fuerza Pública y obviamente a los miembros de las Farc. A este ritmo, con la inversión institucional en la principal misión que tiene la JEP, le han costado a la nación colombiana $6.600 millones. Cada una. Cada una. Con lo cual el país hubiera podido resolver 30.000 procesos ordinarios en cualquier jurisdicción”, precisó el senador.
Por su parte, la senadora María Clara Posada explicó que el proyecto no busca acabar con el sistema transicional, sino trasladar sus reglas a la justicia ordinaria para evitar el derroche y la injusticia. “Este proyecto no busca acabar con el sistema transicional. Este proyecto lo que busca es que esas reglas se salvaguarden a través de la jurisdicción ordinaria y no de un tribunal que al día de hoy se ha constituido en un tribunal de derroche y en un tribunal de injusticia”, afirmó. En el debate también intervino el senador Alfredo Deluque, quien respaldó la revisión, pero advirtió sobre el desafío de garantizar una administración adecuada en la justicia ordinaria, mientras que Santiago Barreto aseguró que si la JEP presentara mayores resultados, el debate se concentraría en extender su vigencia. El senador Iván Cepeda, por su lado, denunció que la política gubernamental busca suspender convenios vigentes e interrumpir la adjudicación de tierras a poblaciones rurales.
Las cifras detrás de la controversia
Los datos expuestos durante la sesión nutrieron la discusión con cifras que evidencian la magnitud del problema institucional. La JEP emitido 21 sentencias, de las cuales solo cuatro están en firme, según lo señaló el senador Jota Pe Hernández, quien además calculó que cada una de esas decisiones costó alrededor de $4 billones. El presupuesto del tribunal, que inició con $140.000 millones, tiene una solicitud proyectada de $947.000 millones para 2027, mientras que la senadora Posada situó el costo total de la JEP en $3,8 billones. A esto se suman los arriendos del edificio Torres Cuadra, que acumulan $160.000 millones, y la contratación de 1.218 servicios de prestación de servicios, frente a los 134 iniciales, con un costo acumulado superior a los $62.000 millones. En cuanto a la operación misional, se registraron 607 decisiones expedidas para 3.443 personas remitidas a la ruta no sancionatoria, con un costo de $6.600 millones por cada una, y aún hay 21 juicios adversariales de máximos responsables que no han reconocido verdad ni hechos, así como 221 terceros civiles y 3.443 comparecientes sin resolución.
La JEP fue creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 como sistema de justicia transicional, con un acto legislativo que previó una extensión automática de cinco años. La reforma propone ahora un régimen de cierre para que las funciones pasen a la justicia ordinaria, conservando acuerdos y beneficios jurídicos ya concedidos. La iniciativa es impulsada por sectores que critican el costo y la lentitud del tribunal, pero enfrenta un fuerte rechazo de quienes la consideran una sustitución constitucional y un riesgo para los derechos de las víctimas. La votación en primer debate se realizará en la Comisión Primera del Senado, donde sus promotores aseguran contar con las mayorías necesarias para que el proyecto avance en su trámite legislativo.
