La Defensoría del Pueblo y varios congresistas rechazaron de manera contundente las amenazas denunciadas por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, en contra de su vida, la de su familia y la de su equipo de trabajo. El pronunciamiento de la Defensoría se produjo después de que el propio Eljach revelara el miércoles 28 de octubre, durante la instalación del panel de expertos «La Procuraduría y el fortalecimiento del mérito en el empleo público: retos y oportunidades para su transparencia», en Bogotá, que había adoptado medidas de seguridad «muy serias y muy profundas» para evitar un peligro que consideró «muy grave». El procurador también señaló que durante un mes dejó de asistir a la sede de la Procuraduría en la capital, y que la amenaza comprometía su seguridad y la de su familia, sugiriendo que el riesgo involucra a personas vinculadas a la propia entidad, aunque sin conclusiones definitivas.
En un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con Eljach, su familia, sus colaboradores y con la Procuraduría como cabeza del Ministerio Público. El organismo solicitó a las autoridades competentes «verificar con urgencia el alcance de estas amenazas y garantizar las medidas de protección necesarias para salvar la vida y la integridad del procurador, su familia y sus colaboradores». Además, pidió a la Fiscalía «esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia», al tiempo que instó a verificar las condiciones de seguridad de todas las personas afectadas.
Congresistas exigen investigación rigurosa y celeridad
La senadora Norma Hurtado Sánchez se sumó al rechazo y calificó las amenazas como «inaceptables» en un mensaje difundido en sus redes sociales. «No podemos permitir que la intimidación pretenda silenciar a quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley», afirmó. Hurtado también exigió a la Fiscalía «una investigación rigurosa y resultados oportunos», y subrayó que «la institucionalidad se respeta y se defiende».
Por su parte, el senador Juan Carlos Garcés Rojas rechazó «las amenazas de muerte contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y el registrador nacional, Hernán Penagos, así como las intimidaciones que también han llegado a sus familias». Garcés vinculó directamente ambas situaciones y enfatizó que «quienes ejercen responsabilidades al servicio del país deben poder hacerlo con garantías y sin que sus seres queridos sean víctimas de amenazas o intimidaciones». El senador también pidió a la Fiscalía celeridad en las investigaciones para dar con los responsables.
“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo. Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que sin tener conclusiones definitivas involucran gente que trabaja acá”.
Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación
El procurador no ha entregado detalles públicos sobre el origen de las intimidaciones ni sobre las personas que podrían estar involucradas, aunque señaló que «algunos ya tienen idea a qué me refiero». El contexto de las amenazas se enmarca en las funciones de vigilancia que ejercen los organismos de control en Colombia, donde la Procuraduría y la Registraduría cumplen roles clave en la supervisión del empleo público y la transparencia electoral. El rechazo institucional y político ha sido unánime, y las voces de la Defensoría y los congresistas coinciden en que la Fiscalía debe actuar con prontitud para evitar que la intimidación socave las garantías democráticas del país.
El caso ha generado una amplia reacción en el ámbito político y jurídico, y se espera que la Fiscalía adelante las pesquisas correspondientes para establecer el origen de las amenazas. Mientras tanto, la Procuraduría y la Registraduría siguen adelante con sus funciones, con la expectativa de que las autoridades garanticen la seguridad de quienes están al frente de la vigilancia pública.
