La controversia jurídica en torno a la exposición mediática de detenidos durante los megaoperativos de seguridad ha puesto en el centro del debate al presidente Abelardo de la Espriella. Dos reconocidos penalistas, Jhoan Andrés Montenegro y Francisco Bernate, ofrecen posturas encontradas sobre si el mandatario viola la presunción de inocencia, consagrada en la Constitución de 1991, al confrontar verbalmente a los capturados ante las cámaras antes de que exista una condena judicial.
En las últimas semanas, el presidente ha liderado operativos en Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá, acompañando a la fuerza pública y revisando a los detenidos. Las grabaciones, difundidas posteriormente, muestran al mandatario increpando a los sospechosos, lo que ha escalado el debate sobre los límites constitucionales del poder presidencial. Mientras algunos ven una estrategia legítima de seguridad, otros cuestionan si esta práctica vulnera derechos fundamentales.
La postura de Montenegro: una violación sistemática
Para el abogado Jhoan Andrés Montenegro, la conducta del presidente es clara: «En el procedimiento que realiza el presidente de la República, que naturalmente es posterior a la captura, este hace una exposición mediática del capturado. Que sea o no sea delincuente, por ahora no es, no ha sido condenado. Y la única persona que tiene la obligación o el deber o la tarea siquiera de condenar o juzgar a una persona y determinar que es culpable de uno u otro delito, pues es el juez de la República». Según Montenegro, esto constituye una «sucesiva violación de un derecho esencial constitucional que está contemplado en la Constitución del 91, que se llama la presunción de inocencia». Aunque reconoce que el presidente puede acompañar los operativos, advierte que «la confrontación que está existiendo puede generar un exceso natural a la Constitución del 91».
«Para mí es claro y contundente que el presidente viola la presunción de inocencia de esas personas capturadas, que aunque capturados, que aunque presuntos delincuentes o que presuntamente cometieron delitos, pues hasta ese momento es presunto, porque todavía no han sido juzgados por un juez».
Jhoan Andrés Montenegro, abogado penalista
Montenegro también señala que un juez de control de garantías podría declarar la violación de derechos fundamentales como producto de estas exposiciones públicas, dejando abierta la puerta a eventuales acciones judiciales.
Bernate: sin reproche jurídico, pero con matices políticos
Por el contrario, el penalista Francisco Bernate defiende la actuación presidencial desde un plano estrictamente legal. «El presidente de la República es un funcionario público que, entre otras, tiene la categoría de comandante supremo de la fuerza pública. Y, en ese contexto, el presidente de la República no es una autoridad judicial, no es un fiscal, no es un juez, es el comandante de la fuerza pública y en ese contexto, pues es perfectamente válido, desde lo jurídico, que él haga estas manifestaciones», afirma. Bernate insiste en que «no es juez, no es fiscal, está expresándose de personas que además, pues tienen requerimientos de autoridades judiciales, no en vano son capturados».
«El segundo plano ya es el plano extrajurídico, el plano de lo político, donde no van a haber consensos y donde todas las opiniones son válidas… Ese no es mi escenario. Yo lo que digo es que la actitud del presidente jurídicamente no merece ningún reproche».
Francisco Bernate, abogado penalista
El abogado diferencia así entre el plano legal, donde no encuentra reparos, y el plano político, donde admite que todas las opiniones son válidas, aunque se desmarca de ese debate. «Diferente de si fuera un magistrado, si fuera un fiscal o si fuera un juez. Pero este no es el caso», concluye.
Ambos penalistas coinciden, sin embargo, en que la discusión de fondo sobre la legalidad de estos procedimientos quedará, en última instancia, en manos de los jueces de la República, quienes deberán determinar si existe vulneración de derechos fundamentales. Mientras tanto, el gremio judicial ha sido convocado para brindar interpretaciones sobre un tema que sigue generando división entre expertos y opinión pública.
