El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Ajuste Fiscal que busca corregir las cuentas públicas en un 2,39 % del Producto Interno Bruto para el año 2027, mediante una combinación de recortes de gasto, modificaciones en la financiación del sistema de salud y cambios tributarios que impactarán tanto a personas naturales como a empresas. La iniciativa, que no tiene fecha exacta de radicación especificada en el contenido conocido por este medio, fue puesta en conocimiento del Legislativo como parte de los esfuerzos del Ejecutivo por enfrentar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Según la información recabada de Blu Radio y replicada por Infobae, el proyecto contempla un paquete de medidas que entrarían en vigor de forma escalonada, con algunos efectos diferidos hasta 2028.
En el frente de la salud, uno de los cambios más significativos apunta a los trabajadores que perciben ingresos superiores a 3,5 millones de pesos mensuales. Actualmente, estos empleados cotizan el 4 % de su salario, pero con la nueva ley pasarían a tarifas que oscilarían entre el 5,5 % y el 8 %. Los contratistas e independientes, por su parte, verían incrementado su aporte del 12 % al 12,5 %. Las empresas también asumirían un nuevo costo: deberían realizar un aporte del 4 % para los trabajadores cuyos ingresos se ubiquen entre 3,5 millones y 5,25 millones de pesos, y del 8,5 % para aquellos con ingresos superiores. Además, se sumaría un punto porcentual adicional para las cajas de compensación familiar. Estos ajustes buscan inyectar recursos frescos al sistema de salud, que ha enfrentado recurrentes problemas de liquidez.
Impuestos a personas y empresas: suben unos, bajan otros
En materia de renta para personas naturales, la propuesta establece que quienes tengan ingresos anuales entre 37 millones y 57 millones de pesos pagarán una tarifa mínima del 9 %, mientras que aquellos cuyos ingresos superen los 454 millones anuales quedarían sujetos a una tarifa general del 39 %. En el caso de las empresas, el impuesto de renta se reduciría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, una baja que busca estimular la inversión. Sin embargo, para los bancos y entidades financieras la tarifa pasaría del 40 % al 38 % en 2027 y se mantendría en 36 % hasta 2030, un alivio parcial pero menor al de otros sectores. En el lado de los hidrocarburos, se propone eliminar la sobretasa de renta para los sectores de petróleo y carbón, lo que representa un cambio significativo en la carga tributaria de estas industrias.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) también sufriría modificaciones importantes. La tarifa reducida del 5 %, que actualmente aplica a varios productos y servicios, desaparecería a partir del 1 de enero de 2028, pasando directamente al 19 %. Entre los bienes que se verían afectados por este incremento se encuentran la avena, el café, los servicios de vigilancia y aseo, los vehículos híbridos y eléctricos, así como celulares, computadores, tabletas, patinetas y bicicletas eléctricas cuyo precio sea inferior a 2.615.000 pesos. No obstante, permanecerían exentos del IVA productos de la canasta básica como arroz, pan, carne, huevos, papa, lácteos, medicamentos, salud, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos, medicina prepagada, transporte público y ACPM. Para mitigar el impacto en los hogares más vulnerables, el Gobierno crearía el programa de devolución del IVA denominado EfectIVA, que establecería un tope mensual de aproximadamente 288.000 pesos y beneficiaría a 19 millones de personas pobres con devolución total y a 16 millones con compensación parcial.
Impuesto al patrimonio: menos contribuyentes, pero más oneroso para los más ricos
En lo que respecta al impuesto al patrimonio, la propuesta eleva el umbral a partir del cual se debe tributar: solo aplicarían para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos, mientras que antes la base era de 3.770 millones. Además, se eliminaría la tarifa del 1,5 %, simplificando la estructura del gravamen. Esto significa que menos personas naturales y jurídicas estarían obligadas a declarar este impuesto, pero quienes lo hagan enfrentarían un sistema más claro y posiblemente más progresivo. Paralelamente, el proyecto incluye el Régimen de Inversiones Generadoras de Empleo y Crecimiento (Ruge), dirigido a grandes proyectos de inversión. Para acceder a este régimen, las inversiones deberán superar los 135.000 millones de pesos en sectores como agroindustria, turismo y servicios, o los 426.000 millones en infraestructura y energía. A cambio, los inversionistas obtendrían tarifas de renta del 20 % o 26 % y estabilidad tributaria por hasta 16 años, un incentivo que busca atraer capital privado.
La Ley de Ajuste Fiscal, según lo informado, representa un esfuerzo integral del Gobierno Nacional para equilibrar las cuentas públicas sin recurrir exclusivamente a nuevos impuestos, sino combinando recortes de gasto con modificaciones en la estructura tributaria existente. La iniciativa ahora deberá surtir su trámite en el Congreso, donde se espera un debate intenso dado el alcance de las medidas propuestas, que tocan intereses de distintos sectores económicos y sociales. Mientras tanto, el país observa con atención cómo estas decisiones podrían afectar el bolsillo de los ciudadanos, la dinámica empresarial y la estabilidad fiscal en los próximos años.
