La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Especial de Instrucción, acusó formalmente al excongresista liberal Eduar Luis Benjumea Moreno por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio, en el marco de una investigación por el presunto direccionamiento de recursos públicos por un monto de 500 millones de pesos. Los hechos se remontan al primer semestre de 2018, cuando Benjumea, quien se desempeñaba como representante a la Cámara por el departamento de Amazonas, habría utilizado su influencia para gestionar la asignación de dichos recursos destinados a un contrato de obra pública en el municipio de Galeras, departamento de Sucre, durante la administración del entonces alcalde Remberto Javier Amell Hernández.
Según la acusación, Benjumea habría aceptado una promesa remuneratoria de hasta 500 millones de pesos a cambio de emplear su posición como congresista para conseguir los recursos públicos que financiaran el proyecto. Las pruebas recopiladas por la Sala Especial de Instrucción indican que el excongresista habría recibido parte del dinero acordado, lo que motivó que el expediente fuera remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para que continúe el trámite del proceso penal. La investigación busca determinar cómo se configuró el presunto direccionamiento de los recursos públicos mediante influencias indebidas, una práctica que la justicia examina con especial atención cuando se trata de asignaciones presupuestales.
El contexto de los cupos indicativos
Este caso se enmarca en la discusión sobre los denominados «cupos indicativos», que son asignaciones presupuestales preexistentes sobre cuyo destino los congresistas pueden ejercer influencia. Sin embargo, esta práctica solo constituye delito cuando se utiliza para obtener beneficios particulares o intervenir ilegalmente en la contratación, como presuntamente ocurrió en este proceso. La acusación formal es una etapa del proceso penal que implica que los magistrados encontraron suficientes elementos de prueba para sostener la hipótesis de que Benjumea intervino ilegalmente en la asignación de los fondos destinados a la obra pública en Galeras.
Benjumea llegó al Congreso en las elecciones legislativas de 2014 representando al departamento de Amazonas. Durante su período legislativo, que se extendió hasta 2018, perteneció a la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Su elección fue demandada ante el Consejo de Estado por una presunta inhabilidad relacionada con un contrato entre la Gobernación de Amazonas y el Hospital San Rafael de Leticia, pero en mayo de 2015 la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme su elección por falta de respaldo probatorio. Con la acusación formal, la Corte Suprema de Justicia avanza en el esclarecimiento de los hechos y el caso queda ahora en manos de la Sala Especial de Primera Instancia, que deberá continuar el proceso y determinar la responsabilidad del excongresista Benjumea en estos presuntos delitos contra la administración pública.









