La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La audiencia de imputación está programada para el jueves 5 de noviembre y se centra en un presunto aporte de un millón de dólares realizado por la constructora brasileña Odebrecht, que no fue reportado en los informes oficiales de ingresos y gastos de la campaña ante el Consejo Nacional Electoral. La investigación, adelantada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, retoma así un caso que permaneció paralizado durante varios años.
De acuerdo con la investigación, Odebrecht habría financiado un contrato suscrito el 2 de febrero de 2014 con la agencia Sancho BBDO, por un valor de un millón de dólares, destinado a estudios de opinión, seguimiento y análisis del comportamiento electoral, evaluación de piezas publicitarias y recomendaciones estratégicas para la campaña. El pago se habría realizado a través de la sociedad panameña Paddington Ventures, vinculada a la agencia, utilizando cuentas en el exterior. En su calidad de gerente de la campaña, Prieto Uribe omitió reportar este aporte en los informes presentados al CNE, lo que configura los delitos imputados, según el ente acusador.
Antecedentes disciplinarios y otro contrato archivado
La situación jurídica de Roberto Prieto no es nueva en el ámbito disciplinario, pues la Procuraduría General de la Nación ya lo sancionó en 2023 por estos mismos hechos, imponiéndole una multa de 50,5 millones de pesos y una inhabilitación de 12 años para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. En el plano penal, la investigación fue retomada recientemente por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, luego de permanecer varios años inactiva.
En paralelo, la Fiscalía dispuso el archivo de otra investigación relacionada con un contrato de 2015 entre Odebrecht y Sancho BBDO, por cerca de 2.500 millones de pesos, destinado a servicios publicitarios. En ese caso, el ente acusador concluyó que los trabajos fueron efectivamente ejecutados y los pagos justificados, por lo que no se configuró una conducta punible. Sin embargo, ese archivo no modifica ni afecta la investigación contra Roberto Prieto, que ahora avanza hacia la etapa de imputación de cargos.
El caso se originó en los aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, en el marco de un presunto interés de la compañía por acercarse al Gobierno debido a sus negocios en el proyecto de infraestructura Ruta del Sol II. La audiencia del jueves 5 de noviembre será clave para definir la situación procesal de Prieto, quien deberá responder ante la justicia por el presunto aporte no reportado y por los beneficios económicos que pudo obtener la campaña con ese dinero.
