El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad, en una sesión celebrada el viernes 30 de octubre de 2026 en Nueva York, la renovación por un año del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que extenderá sus labores hasta el 31 de octubre de 2027. La resolución, impulsada por el Gobierno colombiano, adopta un enfoque «focalizado» que excluye la verificación de la reforma rural integral, la cual quedará bajo la responsabilidad de las instituciones nacionales. De esta manera, la Misión concentrará su trabajo en la verificación de la reincorporación de los exintegrantes de las FARC y en las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz de 2016.
La Misión de Verificación fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado un año antes entre el Estado colombiano y las antiguas FARC, y desde entonces ha tenido la tarea de constatar los avances y señalar los incumplimientos. La decisión adoptada este viernes fue celebrada por la Cancillería colombiana, que destacó que la resolución recupera el «enfoque original» del organismo y reconoce la capacidad de las instituciones del país para liderar las políticas públicas de desarrollo rural. La solicitud de ajuste fue presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, con el argumento de que el acompañamiento internacional debe adaptarse a la situación actual de seguridad que enfrenta Colombia, marcada por una preocupante escalada de la violencia. Según los datos más recientes, en 2026 se registraron 29.004 integrantes de grupos armados ilegales, frente a 20.420 en 2016; entre 2022 y 2026 se contabilizaron 452 masacres con 1.579 víctimas y 2.852 secuestros.
Un acuerdo que aún no cumple su promesa
Durante la sesión del Consejo de Seguridad, el embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, hizo un crudo diagnóstico sobre la implementación del acuerdo de paz. En su intervención, Gaona afirmó que el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera «no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera», al tiempo que reivindicó el papel de las víctimas como verdaderas gestoras del proceso de paz.
«El verdadero sacrificio en cualquier proceso de paz lo hacen las víctimas, no los victimarios. La paz no la hacen quienes firman y aparecen en las fotos. La paz la hacen las víctimas bajo el más noble de todos los propósitos, que se acabe el conflicto y que no haya más víctimas».
Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU
El embajador también subrayó que «una misión de verificación focalizada, efectiva, eficiente y alineada con la realidad que experimentan millones de colombianos tiene mayor probabilidad de ser exitosa», y añadió que «la verdadera paz se logra con justicia, presencia del Estado y desarrollo territorial en las regiones». Estas palabras reflejan la posición del Gobierno colombiano, que ha insistido en la necesidad de priorizar los aspectos esenciales del acuerdo de 2016.
La respuesta del Gobierno colombiano
La Cancillería de Colombia celebró la renovación unánime del mandato a través de un mensaje institucional en el que agradeció a la Misión de Verificación y respaldó el nuevo enfoque adoptado por el Consejo de Seguridad.
«Celebramos la renovación unánime del mandato de la @MisionONUCol, que reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural. Esta decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia».
Mensaje institucional de la Cancillería de Colombia
La resolución aprobada este viernes profundiza la tendencia iniciada en 2025, cuando el Consejo de Seguridad retiró del mandato de la Misión la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico. Con la nueva decisión, la ONU se concentrará únicamente en la reincorporación de los excombatientes y en las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo. La reforma rural integral, uno de los pilares del pacto de 2016, quedará bajo la supervisión de las instituciones nacionales, mientras la comunidad internacional observará sus avances.
El nuevo mandato estará vigente hasta el 31 de octubre de 2027, en un contexto en el que la implementación del acuerdo de paz sigue siendo un desafío mayúsculo para el país. Con esta renovación, el Consejo de Seguridad envía una señal de respaldo a la senda trazada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca equilibrar el cumplimiento de los compromisos del Estado con la necesidad de responder a una realidad de seguridad cada vez más compleja.
