La Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Defensa acordaron este 30 de octubre, en el marco de un consejo de seguridad, una nueva estrategia para enfrentar la expansión de los grupos armados organizados en el departamento, que contempla la creación de cuatro centros de fusión de inteligencia, denominados «burbujas operacionales», y la priorización de seis subregiones donde la presencia de estructuras ilegales se ha intensificado en los últimos años. El anuncio lo hicieron el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y el gobernador Andrés Julián Rendón, junto con mandos de la Fuerza Pública y representantes de los municipios priorizados, quienes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos ante un fenómeno que ya no se concentra en zonas rurales apartadas sino que toca los cascos urbanos y el Valle de Aburrá.
Las subregiones priorizadas son el Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste, el Oriente, el Suroeste y el Valle de Aburrá, esta última afectada por células urbanas que han comenzado a disputar territorios y economías ilegales en plena área metropolitana. Según el diagnóstico presentado durante la reunión, la presencia de grupos armados pasó de 21 municipios en 2019 a 71 en 2025, lo que representa el 56,8 por ciento de los 125 municipios antioqueños, de acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación citadas por el diario El Tiempo. La administración departamental advirtió además que nueve de las nueve subregiones del departamento registran presencia advertida de estructuras armadas, con especial énfasis en las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, cuya expansión el Gobierno nacional buscará contener con particular atención.
Inteligencia articulada y golpes a las finanzas ilegales
La estrategia acordada no se limita a la presencia policial y militar. Los cuatro centros de fusión de inteligencia combinarán información del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para perseguir las estructuras financieras de los grupos ilegales, con operaciones especiales orientadas a golpear el lavado de activos, el narcotráfico y la minería ilegal, que se han convertido en las principales fuentes de financiación de estas organizaciones. En paralelo, se anunció el refuerzo de las estaciones de Policía, la protección de la infraestructura crítica del departamento y la reactivación de la base policial de La Paraguaya, en Caucasia, que funcionará como centro de operaciones contra el narcotráfico y la minería ilegal en el Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca.
El gobernador Rendón reiteró durante el consejo de seguridad su solicitud de recategorizar a la estructura conocida como ‘El Mesa’ como grupo armado organizado, con el fin de ampliar las herramientas operativas de la Fuerza Pública y permitir un tratamiento jurídico y operativo acorde con la amenaza que representa. El ministro Mora, por su parte, anunció que el Gobierno nacional presentará en los próximos días una nueva estrategia contra la minería ilegal, en la que Antioquia será uno de los principales focos de intervención, y propuso a Medellín y al departamento como sede de una próxima reunión de la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C), un escenario internacional que busca coordinar acciones contra las redes transnacionales del narcotráfico.
La intervención integral en las zonas de disputa territorial y los ajustes para aumentar el número de uniformados en las estaciones de Policía completan el paquete de medidas acordado entre la Gobernación y el Ministerio de Defensa, que deberá traducirse en resultados medibles en los próximos meses. El reto es mayúsculo: contener en seis subregiones una expansión que en seis años multiplicó por más de tres la huella de los grupos armados en Antioquia, mientras las autoridades locales reclaman mayor presencia estatal, inteligencia articulada y acciones contundentes contra las economías que sostienen a las estructuras ilegales.
