El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, se encuentra en una contrarreloj para que el Congreso de la República apruebe, antes de que finalice el período ordinario de sesiones el 16 de diciembre de 2026, la ambiciosa ley de ajuste fiscal que, según el Ejecutivo, es la única alternativa para evitar una crisis fiscal y una recesión económica que podría golpear al país en 2027. Con 105 artículos distribuidos en cinco pilares fundamentales que abarcan recaudo, liquidez, gasto público, seguridad social y salud, la iniciativa iniciará su trámite legislativo en la Cámara de Representantes por tratarse de una materia tributaria, requiriendo un complejo proceso de cuatro debates que incluye las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara, su plenaria, las comisiones económicas del Senado y finalmente la plenaria de la cámara alta.
El vicepresidente José Manuel Restrepo, al presentar el proyecto, fue enfático al señalar que «el gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo que estallaría en 2027 a menos que actuemos», y añadió que la administración «presentó esta ley para salvar a Colombia de la quiebra, evitar la pérdida de 360.000 empleos y prevenir una recesión». Sin embargo, las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, la bancada más numerosa del Congreso, reflejan la tensión que rodea la iniciativa. «Siempre hemos dicho que el empresario colombiano está asfixiado de impuestos. El consumidor colombiano está asfixiado de impuestos. Es una situación muy difícil», afirmó Uribe, anticipando la resistencia que el proyecto podría encontrar incluso en sectores de la propia coalición oficialista, especialmente en lo relacionado con disposiciones sobre salud y tarifas de medicina prepagada.
Un calendario legislativo apretado
El camino hacia la aprobación es estrecho y está lleno de obstáculos procesales. El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, expresó con escepticismo la postura de su partido: «Pero no pueden pedirnos eso sin contarnos cómo se desarrolla el plan», indicando que la bancada será determinante para el éxito o fracaso de la ley. Hasta el momento, el Gobierno no ha presentado formalmente un mensaje de urgencia para acelerar el trámite, buscando consolidar primero acuerdos políticos y técnicos con los distintos sectores. El director de la firma Sonar, Gonzalo Araujo, resumió la expectativa del Ejecutivo al pedir «que el Congreso camine como un reloj» para lograr la meta.
La discusión parlamentaria, que contempla la designación de ponentes, la publicación del texto y la votación artículo por artículo, podría extenderse más allá del 16 de diciembre si el Ejecutivo decide convocar a sesiones extraordinarias. Una posibilidad crucial es que, según el artículo 162 de la Constitución, si el proyecto recibe su primer debate antes del cierre del período, podrá continuar su trámite en la siguiente legislatura, que inicia el 16 de marzo de 2027. En caso de que la Cámara y el Senado aprueben versiones diferentes, se deberá integrar una comisión de conciliación para unificar el articulado antes de la sanción presidencial.
«Siempre hemos dicho que el empresario colombiano está asfixiado de impuestos. El consumidor colombiano está asfixiado de impuestos. Es una situación muy difícil»
Álvaro Uribe, Expresidente de la República
El Gobierno atribuye el riesgo fiscal a las decisiones de la administración anterior, y la discusión en el Congreso se perfila como el termómetro que medirá si Colombia logra sortear la tormenta económica que se avecina o si, por el contrario, se encamina hacia un deterioro profundo de sus finanzas públicas.
