En una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) celebrada en la Ciudad de Panamá el pasado 30 de octubre, la representación de la familia del exalcalde Eudaldo León Díaz Salgado, asesinado en abril de 2003, solicitó que se declare la responsabilidad internacional de Colombia por su desaparición forzada, tortura y asesinato, y pidió reforzar las medidas de protección para su hijo Juan David Díaz, quien ha estado bajo medidas cautelares del organismo internacional durante al menos dos décadas.
El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a la familia en el Caso 14.800, denunció que la investigación sigue incompleta y que persiste la impunidad. A 23 años del crimen, en el que el exalcalde fue asesinado por paramilitares después de denunciar amenazas en un Consejo Comunal en Corozal (Sucre) ante el presidente Álvaro Uribe, la familia asegura que Colombia omitió su deber de protegerlo. Previo a la audiencia, el 18 de octubre, se reportaron nuevas amenazas contra la familia, lo que refuerza la necesidad de garantías de seguridad.
Impunidad y responsables sin condena
La investigación ha estado plagada de demoras. Aunque el exgobernador Salvador Arana Sus, señalado como determinador, fue condenado y ahora está en libertad condicional tras acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otros implicados no han enfrentado la justicia. Entre los condenados previos se encuentra Diana Luz Martínez, exdirectora de la cárcel de Sincelejo. El excomandante de la Policía Norman León Arango solo fue vinculado formalmente al expediente en 2025. Juan David Díaz, líder del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre, ha señalado que «hay varios implicados en el crimen, algunos prófugos, otros por condenar, que han sido señalados de haber participado y aún no responden ante la justicia».
«Esperamos que el Estado reconozca que en este proceso todavía hay impunidad, que aún reina la impunidad y que nosotros como víctimas lo que estamos exigiendo es lo mínimo: que todos los responsables de este crimen respondan ante la justicia»
Juan David Díaz, hijo del exalcalde
Durante la audiencia, el Cajar también solicitó que se amplíen las medidas de protección para Juan David Díaz, quien ha sufrido amenazas y agresiones, así como para la abogada Yessika Hoyos. Además, pidió que personas acusadas de violaciones de derechos humanos no sean designadas en funciones diplomáticas. La defensa de la familia criticó que la investigación no ha esclarecido las torturas previas al asesinato y señaló que el informe del extinto DAS, que vinculó a Eudaldo Díaz con la guerrilla, facilitó su muerte por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia. También se cuestionó la demora en vincular a Norman León Arango y la falta de valoración de testimonios como el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
«Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como presidente de Colombia, omitió brindarle la seguridad que está demostrado que no le brindó a mi padre, a pesar de su denuncia delante de él, y ese factor influyó para que se realizara este crimen»
Juan David Díaz
La CIDH deberá determinar si Colombia vulneró los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y los derechos políticos del exalcalde. Mientras se espera el fallo, la familia continúa exigiendo verdad, justicia y reparación integral, en medio de un contexto de impunidad que persiste a más de dos décadas del asesinato. El cuerpo de Eudaldo Díaz fue encontrado el 10 de abril de 2003, un día después de su secuestro, en una zona rural de Sucre.
