La Defensoría del Pueblo, encabezada por la defensora Iris Marín, hizo un llamado al Gobierno nacional para que refuerce los mecanismos de vigilancia de la Reforma Rural Integral, luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera excluir este componente de las funciones de verificación de la Misión de Verificación en Colombia. El pronunciamiento, divulgado el sábado 31 de octubre de 2026, se da tras la aprobación por unanimidad de la Resolución 2833 de 2026, el viernes 30 de octubre, que prorroga por un año el mandato de la misión, pero limita su verificación a la reincorporación de los firmantes de paz y a las garantías de seguridad, dejando por fuera el punto 1 del Acuerdo Final de 2016.
La resolución, que contó con el respaldo unánime de los quince miembros del Consejo, acogió una propuesta del Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, para modificar el alcance de la verificación internacional. La Misión de Verificación de la ONU, que ha acompañado la implementación del acuerdo durante casi diez años, concentrará ahora su trabajo en dos aspectos clave: el proceso de reincorporación de los excombatientes de las extintas Farc-EP y las garantías de seguridad para firmantes, comunidades y organizaciones en los territorios más afectados por el conflicto.
Reacción de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo advirtió que la exclusión de la Reforma Rural Integral de las funciones de verificación representa la pérdida de una herramienta independiente que permitía vigilar el cumplimiento de los compromisos y fortalecía la confianza institucional y comunitaria. A través de un comunicado, señaló que la modificación del mandato no reduce ni modifica las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la implementación integral del acuerdo. «La paz no se consolida únicamente con la reducción de la violencia. También exige cumplir las transformaciones que el país acordó para superar las causas estructurales del conflicto», afirmó la entidad.
«Sin embargo, la exclusión de la Reforma Rural Integral de las funciones de verificación de la Misión, correspondiente al punto 1 del Acuerdo Final de Paz, obliga a la institucionalidad colombiana a redoblar esfuerzos para supervisar su cumplimiento».
Defensoría del Pueblo
La reforma rural, que aborda el acceso a la tierra, los derechos de las comunidades campesinas y étnicas y la reducción de desigualdades territoriales, está en el corazón del Acuerdo de Paz firmado en 2016. La Defensoría subrayó que los compromisos pactados trascienden a los gobiernos y deben seguir siendo una prioridad para todas las instituciones del Estado.
Compromiso institucional y seguimiento
Pese a la salida de este componente del mandato de la ONU, el Consejo de Seguridad reconoció el compromiso del Gobierno colombiano para recuperar el control territorial y ampliar la presencia institucional en las regiones más golpeadas por la violencia. Naciones Unidas reiteró que continuará trabajando con el Gobierno, las entidades estatales, las comunidades, las víctimas y la sociedad colombiana para contribuir a la implementación del proceso de paz. Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que mantendrá su seguimiento a los compromisos del Acuerdo, con especial énfasis en los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia, en un escenario donde la verificación independiente internacional ya no cubrirá uno de los pilares fundamentales del fin del conflicto.
