El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendieron en entrevistas con El Tiempo y Semana la ley de rescate fiscal que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella, y advirtieron que si el proyecto no se aprueba antes de que termine 2026, el país caería en default en 2027. “Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, afirmó Restrepo, mientras que Gómez Martínez fue tajante al señalar que “la ley debe aprobarse antes de finalizar el año”. El Ejecutivo impulsa el trámite ordinario en el Congreso, aunque no descarta pedir un mensaje de urgencia si es necesario.
La iniciativa, que se juega todo el capital político del Gobierno, busca enfrentar las presiones sobre las finanzas públicas generadas por el aumento de la deuda, el déficit fiscal y el creciente costo de los intereses de la deuda pública, atribuidos a la administración anterior. Según Restrepo, “el Gobierno está dispuesto y sabe que se tiene que jugar su capital político en este momento, alrededor del problema del ajuste económico”. Sin la ley, el país tendría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2027 y sostener la estructura estatal.
Los pilares del ajuste: gasto estatal, impuestos y devolución del IVA
El ajuste incluye un conjunto de medidas que combinan recortes al gasto público, modificaciones tributarias y cambios en los aportes a salud. El vicepresidente explicó que el 70 % del ajuste saldría de medidas aplicadas al propio Estado, como reducción de burocracia, contratación, gastos innecesarios y venta de activos que administra la SAE, entre ellos lanchas, aviones, centros comerciales, bodegas y apartamentos. Además, se prevé un recorte del 50 % en los costos de los contratos por prestación de servicios durante 2027. “El primer esfuerzo del Gobierno es reducir el gasto burocrático y el derroche”, enfatizó Restrepo.
En materia tributaria, la tarifa del IVA para productos como café, azúcar, aceites y pastas pasaría del 5 % al 19 %. Esta medida, según el ministro Gómez Martínez, la sentirán sobre todo los hogares de mayores ingresos: “Las personas de mayores ingresos sí van a sentir el aumento”. En el impuesto de renta, las personas naturales estarían obligadas a declarar desde ingresos superiores a 5 millones de pesos mensuales, mientras que la tarifa para empresas se reduciría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028. También se eliminaría la exención tributaria para compras internacionales de hasta 200 dólares, lo que afectaría a plataformas como Temu, Shein, Amazon y AliExpress.
En el sistema de salud, los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos mantendrían su aporte del 4 %, pero el porcentaje aumentaría progresivamente hasta el 8 % para los salarios más altos. El ministro estimó que estas medidas permitirían inyectar 30 billones de pesos adicionales al sistema de salud.
Devolución del IVA: 36,5 millones de beneficiarios
Uno de los componentes sociales más relevantes de la ley es la devolución del IVA. Según Restrepo, 36,5 millones de colombianos se beneficiarían: 19 millones recibirían el 100 % de la devolución y 16,5 millones recibirían devoluciones parciales de hasta el 50 %. El mecanismo comenzaría a operar el 1 de enero de 2028, usando la factura electrónica y medios de pago digitales. El vicepresidente detalló que “por la vía de Bre-B, podrían recibir parte del recurso e incluso se podrán usar giros postales”.
“El Gobierno está dispuesto y sabe que se tiene que jugar su capital político en este momento, alrededor del problema del ajuste económico”
José Manuel Restrepo, vicepresidente
“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”
José Manuel Restrepo, vicepresidente
El proyecto de ley de rescate fiscal quedó a consideración del Congreso, donde el Gobierno espera lograr las mayorías necesarias para evitar el colapso fiscal. La advertencia de los altos funcionarios es clara: sin el ajuste, el país no podrá financiar su funcionamiento en 2027. La discusión en el Legislativo será el termómetro del capital político que el Ejecutivo está dispuesto a invertir en esta iniciativa.
