Un proyecto de ley que busca aliviar el déficit del sistema de salud colombiano amenaza con desfinanciar uno de los pilares sociales más importantes para los trabajadores del país: las cajas de compensación familiar. Se trata de la propuesta de Ley de Rescate Fiscal, cuyo artículo 22 plantea trasladar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) uno de los cuatro puntos porcentuales que los empleadores destinan a las cajas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), esta medida generaría un faltante superior a los 500.000 millones de pesos para la cuota monetaria en 2027.
La iniciativa, dada a conocer por el diario El Colombiano, propone que de ese 4% de aporte sobre la nómina, un punto se gire directamente a la Adres para cubrir las obligaciones del sistema de salud. Germán Cano, gerente de análisis e investigaciones de Asocajas, explicó el impacto profundo que tendría esta decisión en las finanzas de las cajas. “Si se materializa lo que está en el articulado, las cajas terminarían aportando a salud más o menos el 31% de sus ingresos de ese 4%. O sea, pasarían del 8,6% al 31,4% de giros directos al sistema de salud, casi que se cuadruplicaría lo que se aporta”, advirtió Cano.
Un golpe directo a 4,8 millones de beneficiarios
Las cajas de compensación familiar financian con ese aporte patronal subsidios esenciales para los trabajadores de menores ingresos y sus familias. Actualmente, unos 4,8 millones de personas son beneficiarias de la cuota monetaria, un auxilio económico que, según el cálculo de Asocajas, requeriría un gasto anual de alrededor de 5 billones de pesos para 2027. La reducción del 25% en el aporte original, tal como lo señaló Jorge Iván Díez, presidente de la CGT, implicaría «una reducción importante de los recursos disponibles para atender sus diferentes obligaciones y programas». No solo peligra la cuota monetaria; también se verían afectados los programas de vivienda a través del Fovis, la protección al cesante del FOSFEC y las tarifas subsidiadas en educación y recreación que ofrecen las cajas.
«Si la reducción de recursos se materializa, una entrada a un parque recreativo que cuesta $5.000 para un afiliado de bajos ingresos podría subir a $50.000, mientras que un curso de $30.000 podría costar $300.000»
Fuente cercana al sistema de compensación citada por El Colombiano
El debate también ha encendido las alarmas en el ámbito de la protección al cesante. Consultores de Soluciones Pensionales ISP se preguntan: «¿Cuál es la garantía de que este cambio en la destinación de los recursos no afecte el programa y los beneficios de protección al cesante?» En este sentido, el articulado también plantea permitir que los saldos no ejecutados del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) se usen para cubrir pasivos de salud entre 2027 y 2032, previa depuración y certificación por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Frente a la posibilidad de que se toquen los recursos de las cajas, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, respaldó la medida y sugirió que estas entidades deben revisar sus gastos de funcionamiento. En contraste, Asocajas ha solicitado al Gobierno nacional revisar el polémico artículo 22 y abrir un espacio de diálogo para evitar un descalabro en los beneficios de los trabajadores. El proyecto de ley, que busca solucionar el déficit de la salud, abre un complejo dilema entre sanear las cuentas del sector y preservar el tejido de protección social que durante décadas han construido las cajas de compensación familiar en Colombia, un debate que apenas comienza.
