El Gobierno de Abelardo de la Espriella inició formalmente el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura creada durante la administración de Gustavo Petro para resguardar terrenos rurales estratégicos. Según informó el Ministerio de Agricultura, la decisión implica retirar la protección de cerca de 998.000 hectáreas distribuidas en 59 municipios, varias de las cuales coinciden con títulos y solicitudes mineras que quedaron en veremos mientras estuvo vigente la restricción. La medida fue anunciada en dos actos públicos: el primero el 5 de octubre en Urumita, La Guajira, y el segundo el 24 de octubre en el suroeste de Antioquia, con la promesa de extender las derogatorias a Santander, Tolima y Córdoba.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, justificó la decisión argumentando que las APPA limitaban las competencias de las autoridades territoriales y que el uso del suelo debe articularse con los planes de ordenamiento territorial municipales. En ese sentido, manifestó su intención de que no permanezca ninguna de estas figuras de protección en el país, al considerar que las fallas detectadas en su implementación son estructurales. Entre las deficiencias señaladas por la cartera figuran problemas cartográficos, vacíos en los procesos de consulta previa e inconsistencias en la delimitación de los polígonos, razón por la cual se optó por la derogación total en lugar de ajustes parciales.
Superposición con intereses mineros
El cruce de información entre los polígonos de las APPA y los registros de la Agencia Nacional de Minería, realizado por el medio Cambio, revela que buena parte de las hectáreas desprotegidas coinciden con proyectos mineros. En La Guajira, los títulos vigentes se superponen con 29.752 hectáreas, equivalentes al 37,28% del área que había sido declarada como APPA en ese departamento, de las cuales 14.339 hectáreas ya se encontraban en etapa de explotación. Antioquia, por su parte, registra 213 títulos mineros distribuidos en 12.125 hectáreas y cuenta con 42 zonas reservadas con potencial minero, mientras que en Córdoba se contabilizan 32 registros de títulos en 15.590 hectáreas, concentrados principalmente en Montelíbano y Planeta Rica.
Uno de los casos más llamativos es el de la empresa canadiense Max Resource, cuya subsidiaria en Colombia radicó dos solicitudes mineras para la extracción de cobre, oro y plata en Urumita, La Guajira. La primera de estas solicitudes fue presentada el 3 de agosto, apenas cuatro días antes de la posesión presidencial de De la Espriella, mientras que la segunda se radicó el 20 del mismo mes. Ambas se superponen con aproximadamente 3.100 hectáreas de la antigua APPA, una extensión comparable a más de 4.300 canchas de fútbol. En Santander, específicamente en El Carmen de Chucurí, también se identificó una solicitud minera presentada por Guillermo Matíz Martínez por cerca de 7.500 hectáreas, con interés en oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio. Todos estos trámites siguen en evaluación ante la Agencia Nacional de Minería, por lo que su aprobación no está garantizada.
El debate por la seguridad alimentaria
Las APPA fueron creadas durante el gobierno de Gustavo Petro con el propósito de preservar terrenos rurales estratégicos para la producción agropecuaria. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), estas áreas no obligaban a sembrar productos determinados ni impedían el desarrollo de infraestructura vial, servicios públicos o turismo, pero sí restringían nuevos proyectos que pudieran afectar la producción de alimentos, incluidas las iniciativas mineras. El gobierno anterior defendió las APPA como resultado de procesos participativos y advirtió que su eliminación desconocería la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación.
Frente a la crítica por el desmonte, el Ministerio de Agricultura ha señalado que la estrategia alternativa contempla créditos a largo plazo, mecanización, transferencia tecnológica e inversiones en riego y comercialización para fortalecer el agro. Sin embargo, la decisión ha generado inquietud en sectores que ven en la eliminación de estas figuras un retroceso en la protección del suelo productivo y una puerta abierta para que la minería avance sobre territorios que, hasta hace poco, estaban destinados a garantizar la soberanía alimentaria del país. La derogación de las resoluciones ministeriales avanza por etapas y, según el propio Dangond, ninguna de estas áreas de protección permanecerá en el territorio nacional.
