Cerca de 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el municipio de Nuquí, Chocó, se vieron forzados a abandonar sus hogares en la tarde del 1 de noviembre de 2026, ante el temor generado por la presencia y las disputas entre grupos armados ilegales que operan en la zona. La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento masivo y reveló que las familias, compuestas por niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales, se encuentran actualmente alojadas de manera temporal en Jurubidá, una comunidad afrodescendiente, sin poder completar su traslado hacia la cabecera municipal de Nuquí debido a las difíciles condiciones de seguridad y las limitaciones de las rutas fluviales y marítimas que conectan la región.
El hecho ocurrió tan solo dos días después de que la Defensoría del Pueblo enviara un oficio alertando sobre la consumación del riesgo previsto en la Alerta Temprana 009 de 2024, la cual ya advertía un deterioro crítico de la seguridad en Villa Nueva. La entidad relacionó el desplazamiento con el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en la misma zona, hechos que habrían desatado el pánico entre los habitantes. La disputa territorial que desencadenó esta crisis involucra al Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos que mantienen un control violento sobre esta apartada región del Pacífico colombiano.
Llamado urgente a las autoridades
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado público a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que actúen de manera inmediata. En un comunicado, la entidad señaló que «es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios». Asimismo, exigió que se «garanticen la atención humanitaria inmediata de las familias desplazadas, incluyendo alimentación, agua potable, atención en salud y condiciones dignas de alojamiento temporal», con un enfoque étnico y diferencial que respete las particularidades de la comunidad indígena.
«Es indispensable actuar de manera preventiva para evitar que más familias tengan que abandonar sus hogares y territorios.»
Defensoría del Pueblo
Entre las solicitudes concretas elevadas por la Defensoría se encuentran la coordinación de transporte fluvial seguro para completar el traslado de los desplazados hasta la cabecera municipal de Nuquí, la activación de las rutas de atención a víctimas de desplazamiento forzado y una estrecha coordinación tanto con las autoridades indígenas como con la comunidad receptora de Jurubidá, que ha acogido temporalmente a las familias a pesar de sus propias limitaciones. La entidad mantiene presencia institucional en Nuquí para realizar seguimiento y verificación de la emergencia.
La crisis humanitaria podría agravarse aún más, ya que la Defensoría advirtió que cerca de 300 habitantes de la comunidad de Puerto Indio también evalúan abandonar su territorio ante el mismo clima de zozobra. Por ello, la entidad pidió adoptar acciones urgentes de prevención y protección para este núcleo poblacional, con el fin de evitar un nuevo desplazamiento que aumentaría la presión sobre los ya precarios sistemas de acogida en la región, donde el acceso a servicios básicos es limitado y las rutas de transporte dependen casi exclusivamente de los ríos y el mar.
