La Armada Nacional incautó 1.765 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos operaciones adelantadas en jurisdicción de López de Micay, en el Cauca, y de La Tola, en Nariño, un cargamento cuyo valor en el mercado ilegal internacional las autoridades estiman superior a los 81 millones de dólares. El resultado fue anunciado este martes 3 de noviembre de 2026 y, según la institución, representa un golpe directo a las rutas fluviales y costeras que las estructuras narcotraficantes utilizan para sacar la droga desde el Pacífico sur colombiano.
El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de Boca Grande, sobre un afluente del río San Juan de Micay, en el municipio de López de Micay, donde las tropas localizaron 40 bultos que contenían 1.175 paquetes rectangulares. El pesaje de ese material arrojó 1.175 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Horas después, en Playa Amarales, jurisdicción de La Tola, Nariño, los uniformados hallaron 26 bultos con 590 paquetes de distintas dimensiones que sumaron 590 kilogramos. En ambos casos, la prueba de identificación preliminar homologada confirmó que la sustancia correspondía efectivamente a clorhidrato de cocaína.
Un entramado de fuerzas tras las dos operaciones
Los operativos no fueron acciones aisladas de una sola unidad. En ellos intervinieron el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, el Batallón de Infantería de Selva No. 56 del Ejército Nacional, la Policía Antinarcóticos, la Fuerza Naval del Pacífico, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 43 y la Policía Judicial, en un despliegue conjunto que combinó inteligencia naval, control fluvial y reconocimiento terrestre. De acuerdo con los cálculos oficiales, con la incautación se evitó que cerca de 4,4 millones de dosis llegaran a los mercados ilegales internacionales.
El cargamento hallado en López de Micay habría pertenecido, según el coronel de Infantería de Marina Edilberto Restrepo Pérez, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. El material asegurado en La Tola, en tanto, estaría relacionado con el bloque Jhon Arenas, también de las extintas Farc. Las autoridades sostienen que ambas organizaciones aprovechan la red de afluentes y esteros del Pacífico para mover cargamentos en pequeñas embarcaciones, muchas veces camuflados entre la actividad pesquera y agrícola de la región.
Otro golpe en Cartagena
El balance entregado por la Armada incluyó además una operación distinta, registrada en la madrugada del 27 de octubre de 2026, cuando uniformados hallaron 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un predio baldío de Punta Canoas, en la zona rural de Cartagena. El cargamento estaba distribuido en 102 bultos con paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno. Con ese hallazgo, según las autoridades, se evitó la circulación de más de 7,6 millones de dosis y la afectación calculada para las finanzas del narcotráfico supera los 141 millones de dólares.
En ese procedimiento participó el Batallón de Infantería de Marina No. 13. Varias personas que se encontraban en el lugar huyeron al advertir la presencia militar y no se reportaron capturas. La investigación continúa abierta para establecer responsables, el destino final del alcaloide y el método previsto para sacarlo del país. El comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, Harlinzon Quiroga Polanía, atribuyó ese resultado a las labores de control y a la inteligencia naval desplegada en la zona.
«La Prueba de Identificación Preliminar Homologada practicada por el CTI determinó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína».
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en el marco de la incautación de Cartagena
Las incautaciones se suman a una seguidilla de hallazgos recientes de la Armada en zonas fluviales, costeras y rurales del país, en un contexto en el que el Pacífico sur se consolida como uno de los corredores más activos para el tráfico de estupefacientes. Las casi dos toneladas de cocaína retiradas del mercado en López de Micay y La Tola, y las más de tres toneladas aseguradas en Punta Canoas, dibujan un mapa de operaciones que las autoridades leen como una misma presión sobre las cadenas logísticas del narcotráfico, desde los afluentes del San Juan de Micay hasta los baldíos del litoral caribeño.
