La excandidata presidencial Sondra Macollins Garvin se convirtió en blanco de críticas en redes sociales después de publicar el lunes 2 de noviembre de 2026 una fotografía en Facebook donde recrea una escena de la película «¿Qué pasó ayer? (The Hangover Part II)» desde un rascacielos en Bangkok, Tailandia. La polémica coincidió con la difusión de una investigación del portal La Silla Vacía que revela que su campaña recibió un anticipo estatal de 4.500 millones de pesos diez días antes de las elecciones, de los cuales 3.261 millones fueron destinados a dos entidades vinculadas a Macollins y su familia: la Corporación Partido Digital Colombiano e Integral Servicios Profesionales (ISP).
De acuerdo con la investigación, el anticipo ingresó a las arcas de la campaña cuando faltaban apenas diez días para los comicios, y Macollins obtuvo solo 19.987 votos, equivalentes al 0,1% del total, muy por debajo del umbral del 4% necesario para acceder a la reposición de gastos de campaña. Esto abre un debate sobre la eventual devolución de los recursos, aunque un precedente del Consejo Nacional Electoral (CNE) permitiría evitar el reembolso si se demuestra que el dinero se empleó íntegramente en propaganda electoral y administración de la campaña.
Los detalles del anticipo y las entidades vinculadas
Del total de 4.500 millones de pesos, 1.770 millones fueron pagados a la Corporación Partido Digital Colombiano, de los cuales 1.726 millones corresponden a propaganda electoral y 44 millones a actividades culturales. A Integral Servicios Profesionales (ISP) se le transfirieron 1.491 millones: 1.099 millones por transporte de propaganda y 392 millones por soporte digital. Ambas organizaciones tienen estrechos vínculos familiares: la corporación fue creada en 2020 por Moisés Hernández, antes Garvín, esposo de Macollins, y ella ingresó formalmente en abril de 2024. ISP era administrada inicialmente por Moisés Garvín y luego pasó a manos de Sebastián David Hernández, hijo de la excandidata. El gerente de campaña, Hainer Alvernia Angarita, también aparece en actas de la corporación y está relacionado con otras organizaciones señaladas en posibles acuerdos irregulares de contratación, como Aldesarrollo, Red Summa, Inntic y Red Universitaria, que enfrentan denuncias ante la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio.
La Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que no es usual que un movimiento político reciba pagos de una campaña para ejecutar publicidad electoral, lo que añade una capa de cuestionamiento al uso de los recursos. Además, la Corporación Partido Digital Colombiano modificó su objeto social el 21 de mayo, fecha del ingreso del anticipo, para incluir actividades de publicidad y producción audiovisual, mientras que ISP amplió su objeto social para servicios digitales un día después de la primera vuelta electoral. Macollins defendió las contrataciones argumentando que la corporación estaba habilitada para prestar servicios, que las facturas se expidieron antes del anticipo y que no existe prohibición legal de contratar con familiares.
Las reacciones en redes sociales y la foto en Bangkok
Mientras la investigación tomaba fuerza, Macollins compartió en su perfil de Facebook una imagen con la siguiente descripción: «Hay escenas de películas que uno nunca olvida… ¡y lugares a los que llegas y no puedes resistirte a recrearlas! Esta vez nos tocó vivir nuestra propia versión de The Hangover (¿Qué pasó ayer?), en las alturas de Bangkok. Misma pose, diferente elenco… ¡y una historia que también merece película!». La publicación desató una ola de comentarios críticos que vinculaban el viaje con el uso del anticipo estatal. «Quédate por allá no vengas más», escribió un usuario, mientras otro ironizó: «Sigue de tour!! Con la reposición de votos!!! En 3 años regresan».
Uno de los mensajes más duros expresó: «se pagaron un viajecito a Bangkok con la plática de nuestros impuestos! Qué rico esos millones de anticipo, ojalá tuvieran los votos, pero bueno, el guayabo electoral se pasa facilito en Bangkok. Listos para otra tanda en 2030». Estas reacciones reflejan la percepción ciudadana de un posible uso indebido de fondos públicos para financiar el viaje, sumado a las revelaciones sobre el manejo del anticipo.
Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha iniciado la revisión de las cuentas de la campaña de Macollins, pero deberá determinar si los recursos se emplearon conforme a la ley y si procede una devolución total o parcial de los 4.500 millones de pesos. El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación estatal de campañas electorales y los mecanismos de control frente a posibles desvíos de recursos públicos.









