La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) denunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella radicaría ante el Congreso un proyecto de ley con el que se eliminaría el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y se repartirían sus funciones entre la Nueva EPS, Colpensiones y el Fondo Nacional del Ahorro. La información fue revelada por la dirigente sindical Martha Alfonso a través de Caracol Radio, en momentos en que el texto definitivo aún no ha sido radicado formalmente y el Ejecutivo no ha anunciado una fecha para hacerlo ni ha divulgado la versión final del articulado.
De acuerdo con el borrador conocido por la federación, la Nueva EPS asumiría la administración, el aseguramiento y la gestión integral de los servicios de salud de los docentes oficiales, los pensionados y sus beneficiarios; Colpensiones quedaría encargada del reconocimiento, la liquidación y el pago de las pensiones de jubilación de los maestros, mientras que el Fondo Nacional del Ahorro manejaría las cesantías parciales y definitivas del magisterio. El esquema contempla una primera etapa administrativa de hasta doce meses, prorrogable por otros doce, durante la cual el Ministerio de Educación coordinaría la transición con las carteras de Hacienda, Salud y Trabajo. El propio documento establece que no se podrán suspender las autorizaciones ni las prestaciones ya reconocidas antes del tránsito, con el fin de no interrumpir tratamientos en curso.
Un patrimonio negativo de 3,198 billones y el final del contrato con Fiduprevisora
El Gobierno sustenta la medida en un análisis que evidenció dificultades en la atención médica de los afiliados, retrasos en el pago de prestaciones económicas y un patrimonio negativo del Fomag que asciende a 3,198 billones de pesos con corte a junio de 2026. A ello se suma que no fue prorrogado el contrato de fiducia mercantil número 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora y vigente durante 36 años, acuerdo que acumuló 43 otrosíes y cuya fecha de vencimiento está fijada para el 31 de octubre de 2026. La decisión de no extenderlo fue el primer paso de un proceso de transición que ahora el proyecto de ley busca cerrar de manera definitiva con la supresión del fondo.
«Nueva EPS asumirá la administración, aseguramiento y gestión integral de los servicios de salud de los docentes oficiales, pensionados y sus beneficiarios»
Borrador del proyecto de ley, citado por Caracol Radio
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, se refirió a la terminación del contrato con Fiduprevisora y sostuvo que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio a los educadores. En ese sentido advirtió que la medida busca proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias y aclaró que la decisión no significa en ningún caso la afectación de los servicios de salud.
«No significa en ningún caso la afectación de los servicios de salud»
Ilva Myriam Hoyos Castañeda, ministra de Educación
Auditoría forense y alertas de los entes de control
En paralelo al trámite legislativo, el Ministerio de Educación pidió una auditoría forense que examinará posibles irregularidades en la administración de los recursos del Fomag durante la última década y media de fiducia. Los hallazgos financieros y operativos del proceso son conocidos por la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, entidades que hacen seguimiento al caso mientras el magisterio espera conocer el texto oficial del proyecto.
Para Fecode, la desaparición del Fomag implica desmontar la entidad que históricamente concentró la salud, las pensiones y las cesantías de los docentes oficiales del país, y trasladar esas responsabilidades a tres entidades con lógicas administrativas distintas, en un proceso que podría extenderse hasta dos años. La federación advirtió que estará atenta a la radicación del articulado y exigió que cualquier modificación garantice la continuidad de los servicios y la estabilidad de los derechos adquiridos por los maestros y sus familias, en un pulso que se librará en el Congreso y que definirá el futuro de la seguridad social del magisterio colombiano.
