El Gobierno de Abelardo de la Espriella canceló el Consulado de Colombia en Tijuana, México, una sede que nunca llegó a abrir sus puertas pese a haberse generado pagos que superan los 153 mil dólares, equivalentes a unos 500 millones de pesos colombianos, en salarios y viáticos para la cónsul provisional, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, así como una deuda por el alquiler del inmueble. La decisión se tomó después de que la Cancillería detectara que la oficina consular, creada mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024 durante el Gobierno de Gustavo Petro, y que recibió el beneplácito de México el 27 de marzo de 2026, nunca entró en funcionamiento, acumuló obligaciones impagas y fue remitida a la Fiscalía y la Procuraduría el pasado 27 de agosto.
Maryory Pabón fue designada en enero de 2026 como cónsul en Tijuana, cargo que ocupó hasta su renuncia el 30 de octubre de 2026. Durante ese período, recibió una asignación mensual de 14 mil 700 dólares y se le pagaron 20 mil 338 dólares adicionales por viáticos y transporte de menaje, pese a que el consulado nunca abrió. La Cancillería, en la administración entrante de Abelardo de la Espriella, determinó que no existían estudios previos de viabilidad para la apertura y que el contrato de arrendamiento de la oficina 202 en el Edificio Torela Corporativo, en la Zona Dorada de Tijuana, se firmó sin la asignación presupuestal correspondiente. También se contrató a un arquitecto y a un diseñador gráfico, generando obligaciones económicas pendientes.
Los antecedentes del caso
El consulado en Tijuana fue creado junto con oficinas en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez, como parte de una iniciativa del gobierno anterior. La actual administración cuestionó la falta de estudios de factibilidad, y la Cancillería afirmó no tener registro de estudios previos para la apertura. Además, la cónsul designada ya había tenido un nombramiento previo para el consulado en Calgary, Canadá, en enero de 2025, el cual fue anulado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al encontrar que existían 30 funcionarios de carrera disponibles para ocupar el cargo.
«Cuando llegué, me encontré el tema y me dijeron que la orden era contratarla»
Rosa Villavicencio, excanciller
«Toda apertura de consulado era precedida de estudios y disponibilidad presupuestal»
Luis Gilberto Murillo, excanciller
Por su parte, la ex cónsul ha defendido su gestión, asegurando que cuenta con la trazabilidad de su nombramiento en el correo institucional y un repositorio asegurado. En un comunicado del 17 de agosto, señaló que las personas y empresas contratadas habían venido trabajando y adelantando las actividades para las cuales fueron contratadas, razón por la cual existían obligaciones económicas pendientes.
«Estas personas y empresas han venido trabajando y adelantando las actividades para las cuales fueron contratadas, razón por la cual actualmente existen obligaciones económicas pendientes de pago»
Comunicado de la cónsul, 17 de agosto
Durante su período, Pabón reportó visitas a colombianos detenidos en cárceles de Baja California y organizó un consulado móvil que en tres días recaudó cerca de 10 mil dólares y atendió 211 trámites. Pese a ello, la sede en Tijuana nunca operó y los trámites consulares debían derivarse al Consulado en Ciudad de México, situado a 2 mil 700 kilómetros de distancia, lo que afectaba a una población colombiana estimada en mil 500 personas en la región. La embajada de Colombia en México solicitó a la cónsul el contrato de arrendamiento y un informe, sin obtener respuesta. México llegó a consultar informalmente a Colombia sobre el estado de la oficina, sin obtener tampoco respuesta. La noticia, revelada por Caracol Radio, detalla las irregularidades que llevaron al nuevo gobierno a clausurar la iniciativa y a trasladar el caso a los organismos de control, una decisión que se venía gestando desde que el nuevo secretario general de la Cancillería suspendió el proceso de apertura hasta el cambio de gobierno.
