Corficolombiana propuso un aumento del 8% para el salario mínimo de 2027 y abrió formalmente el debate sobre la posibilidad de instaurar un salario mínimo regional en Colombia, una idea que sustituiría el esquema único nacional vigente desde 1983 y que ya generó reacciones divididas entre expertos económicos, centrales sindicales y trabajadores. La propuesta fue presentada por César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de la firma, en el informe titulado «Salario mínimo 2027: la primera pieza del ajuste macroeconómico», publicado a un mes de que se inicie formalmente la concertación del incremento salarial para el próximo año en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, escenario integrado por Gobierno, gremios y sindicatos.
Según los cálculos del centro de análisis, el 8% equivale a $140.072 adicionales, con lo cual el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a $1.890.977 sin incluir el auxilio de transporte. Con ese beneficio incluido, el ingreso base de los trabajadores formales llegaría a los $2.000.000 mensuales. Pabón sustentó la cifra en las dos variables que, a su juicio, deben determinar cualquier ajuste: el costo de vida y la productividad. «Con base en las cifras que tenemos hoy en día, lo técnicamente deseable del aumento era del 8%», afirmó el directivo, quien insistió en que «las dos variables para uno considerar el incremento del salario mínimo, y que en últimas debería reflejar el salario mínimo, son el costo de vida y la productividad».
Las cifras detrás de la discusión
El informe de Corficolombiana se apoya en varios datos que, según sus autores, evidencian la necesidad de revisar el modelo. Solo el 10,12% de los trabajadores colombianos gana exactamente el salario mínimo, lo que equivale a 2,4 millones de personas, de acuerdo con mediciones del Dane. A ello se suma que la informalidad nacional supera el 54%, con una brecha territorial notable: mientras en las zonas urbanas se ubica por debajo del 50%, en la ruralidad supera el 80%. «Hoy en día la informalidad de la ruralidad llega a superar el 80% frente a lo urbano, que es menor del 50%», señaló Pabón, para quien ese contraste explica por qué el mínimo nacional único termina convirtiéndose en una barrera para la formalización en los territorios con menor productividad.
El detonante del debate es el aumento del 23,7% decretado el año anterior, que según el análisis de la firma mostró consecuencias negativas sobre varias variables y en distintos territorios. Frente a ese antecedente, Pabón planteó una pausa reflexiva: «Es momento de parar un poco y pensar si realmente el salario mínimo como está existiendo hoy en día es lo más deseable para nuestro país». El economista también fue enfático en un límite constitucional que, advirtió, ninguna reforma podría desconocer: «Constitucionalmente hablando, no hay duda alguna: no se puede bajar el salario».
Un esquema que existió antes de 1983
La idea de diferenciar el mínimo por territorios no es nueva. Colombia adoptó un salario único y nacional desde 1983, pero antes existieron valores diferenciados por departamentos durante los años sesenta y, en 1972, por zonas rurales, sectores económicos y tamaño de las empresas. En tiempos más recientes, la propuesta fue planteada hace unos diez o quince años por el propio Pabón cuando trabajaba en Fedesarrollo, y hace unos tres años por Jorge Iván González, entonces director del Departamento Nacional de Planeación, sin que ninguna de las dos iniciativas prosperara.
Los argumentos técnicos que sustentan la regionalización se apoyan en el índice de Kaitz, que mide la relación entre el salario mínimo y el ingreso medio. En las áreas periféricas del país ese indicador supera el 90%, mientras en Bogotá, Medellín y Barranquilla se ubica entre el 60% y el 65%, lo que refleja que el mismo piso salarial resulta mucho más exigente en las regiones de menor desarrollo. El informe también advierte una limitación estadística relevante: la Gran Encuesta Integrada de Hogares solo es representativa para 23 ciudades principales y áreas metropolitanas, lo que dificulta una caracterización precisa del mercado laboral rural. A ello se suma un dato sobre el costo de vida, pues Medellín cerró septiembre de 2026 como la ciudad más costosa de Colombia en los últimos doce meses.
El debate jurídico y la ruta legal
Cualquier cambio en esa materia exigiría una reforma legal, pues la Ley 50 de 1990 no habilitaría al Ejecutivo para establecer mínimos diferenciados por decreto, y la discusión tendría que pasar por la Comisión de Concertación creada por la Ley 278 de 1996. El exministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera coincidió en que la Constitución no impide la figura, pero subrayó la necesidad de una iniciativa legislativa. «Se discute el salario mínimo, esa propuesta aparece, pero siempre se queda ahí como en el tintero», comentó sobre las veces que el tema ha rondado la agenda pública sin concretarse. Sobre la viabilidad jurídica fue claro al señalar que «la Constitución no lo prohíbe como tal», aunque el camino tendría que ser «vía legal», es decir, un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Cabrera también sugirió que la negociación del próximo año debería contemplar inflación, productividad y «uno o dos puntos» de beneficio adicional, y defendió la conveniencia de que los territorios con menor productividad puedan pagar menos a cambio de garantías: «Pague un salario mínimo menor, pero con todas las prestaciones sociales y lo más importante, la formalidad».
El rechazo de las centrales obreras
El frente sindical fue el más crítico. Percy Oyola, presidente de la CGT y de Utradec, calificó la propuesta como un retroceso y anticipó que no acompañará la discusión si llega a la mesa de concertación. «El salario mínimo por regiones sería un retroceso para los trabajadores colombianos», afirmó, y agregó que «no respaldamos esa idea si se propone en la Comisión de Concertación». Su argumento central es la igualdad de derechos: «No podemos dividir más el país ni dividir a los trabajadores colombianos creando trabajadores de salario mínimo de primera, de segunda o de tercera, dependiendo de la región en la que se encuentren».
«Técnicamente es viable, sí se podría plantear al menos la discusión, pero políticamente lo veo altamente improbable, al menos en el corto plazo»
Wilson Rodríguez, profesor de la Universidad de La Sabana
Desde la academia, el profesor Wilson Rodríguez, de la Universidad de La Sabana, reconoció la viabilidad técnica del esquema pero desconfió de su suerte política. Advirtió que las centrales obreras podrían argumentar que la medida lleva «a cierta precarización, a cierto estigma, a que los derechos no sean iguales para todos», y señaló que «administrativamente tiene una complejidad enorme» aplicar nóminas diferenciadas a empresas que operan en varias regiones del país. También alertó sobre distorsiones documentadas por la literatura económica, que ha identificado «trampas» en la competencia territorial basada en bajos salarios, y cerró con escepticismo: «Es chévere que se genere la discusión, pero no lo veo nada viable o nada probable en este momento».
El profesor Juan Diego Lobo, de la Universidad EAN, coincide en que el esquema podría reducir la barrera de entrada a la formalización laboral en los territorios de baja productividad, uno de los efectos positivos que también reconoce Rodríguez. Entre los riesgos que ambos identifican figuran el perjuicio para trabajadores formales en mercados con pocos empleadores, la migración interna entre regiones con mínimos distintos, el impacto sobre el sistema pensional y sobre los pagos indexados a la remuneración, y la eventual captura política de la medida por parte de gobernadores. La base de cualquier transición serían los derechos adquiridos: no se modificaría retroactivamente el piso vigente, solo los aumentos futuros, y los referentes técnicos serían la inflación regional que ya mide el Dane y la productividad total de los factores. Pabón citó el caso de Estados Unidos, donde los salarios mínimos se fijan por estados, como antecedente internacional, aunque Corficolombiana no presentó una delimitación territorial ni una metodología concreta para definir los valores por región, detalles que, según el propio directivo, requieren una discusión posterior.
Con la concertación de 2027 a la vuelta de la esquina, el debate queda planteado en dos terrenos simultáneos: la cifra del incremento, para la cual Corficolombiana ya fijó su apuesta en 8%, y el modelo mismo del salario mínimo, una discusión estructural que lleva más de cuatro décadas congelada y que, por ahora, divide aguas entre quienes ven en la regionalización una vía para formalizar el empleo rural y quienes la consideran una fragmentación de derechos en un país donde la informalidad supera el 54% y el mínimo sigue siendo, para 2,4 millones de trabajadores, la única referencia de ingreso.
