El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo el pasado 19 de octubre que declaró infundadas las objeciones presentadas por la Alcaldía de Bogotá al Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, con lo cual se habilita la continuación de su trámite final para orientar el uso de inteligencia artificial en la prevención del abuso y la explotación sexual infantil. La decisión, que se dio a conocer bajo el radicado 25000-23-41-0002026-01037-00, fue adoptada en única instancia y no admite apelación, según lo establece el artículo 25 del Decreto Ley 1421 de 1993. De esta forma, el alcalde de Bogotá deberá sancionar el proyecto dentro de los tres días posteriores a la comunicación de la determinación judicial y, en caso de no hacerlo, corresponderá al presidente del Concejo Distrital asumir esa responsabilidad.
El Tribunal concluyó que el proyecto promovido por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes Sierra, de la bancada del Partido Político Mira y aprobado por unanimidad en el Concejo de Bogotá, tiene un alcance estrictamente administrativo y preventivo, sin que otorgue funciones de policía judicial a la Alta Consejería Distrital de Tecnologías, que era el principal argumento de la Alcaldía para objetarlo. El análisis de información con fines de política pública, sostuvo el fallo, no equivale a ejercer labores investigativas penales, y el Distrito puede emplear sistemas institucionales y observatorios existentes para producir alertas y recomendaciones, siempre que se respeten las competencias de la Fiscalía y la Policía Judicial, así como las reglas sobre el manejo de información sensible. La decisión judicial reconoció los desafíos señalados por la administración distrital en materia de calidad de datos, sesgos algorítmicos y uso de información de menores, pero consideró que esos riesgos no anulan la legalidad del texto normativo.
Las cifras que sustentan la urgencia de la medida
La Secretaría Distrital de Salud reportó once mil ochocientos setenta y dos casos notificados de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Bogotá, lo que representa un promedio de treinta y nueve casos por día. De ese total, el cincuenta y dos coma nueve por ciento ocurrieron en viviendas y el treinta y tres coma tres por ciento en establecimientos educativos, durante el periodo comprendido entre 2023 y octubre de 2026. Las localidades con mayor número de notificaciones fueron Kennedy con siete mil trescientos treinta y siete casos, Ciudad Bolívar con seis mil ochocientos cuarenta y ocho, y Bosa con seis mil ochocientos treinta y cinco. En el marco de la estrategia preventiva del Distrito, se registraron más de ocho mil vinculaciones de familias y cuidadores en lo corrido de 2026, con una meta cuatrienal de quince mil, y se aplicaron más de dos mil novecientas matrices de riesgo en ciento veintinueve jardines infantiles. Es importante precisar que los once mil ochocientos setenta y dos casos corresponden a notificaciones del sistema de salud y no a delitos comprobados judicialmente.
Declaraciones de los concejales autores del proyecto
«La gestión se viene demostrando con actividades, pero la protección efectiva nos toca demostrarla con resultados»
Samir Bedoya Piraquive, concejal de Bogotá
«Necesitamos que el Reporte Único conecte a las entidades, que cada caso tenga seguimiento y que la inversión se traduzca en prevención efectiva en los colegios, los hogares y los entornos digitales»
Samir Bedoya Piraquive, concejal de Bogotá
El proyecto de acuerdo plantea una implementación gradual, no crea una nueva entidad, no obliga a la compra de un software específico ni ordena una partida presupuestal adicional. Las decisiones sobre el algoritmo, las fuentes de datos y los mecanismos de interoperabilidad deberán adoptarse durante el proceso de implementación, bajo el marco de las normas vigentes. La norma incorpora principios de privacidad, protección de datos personales, transparencia, gobernanza de datos, evaluación ética y monitoreo permanente, y no habilita al Distrito para recaudar pruebas, vigilar presuntos responsables ni adelantar indagaciones penales. Con la sanción del acuerdo, la Administración Distrital deberá definir cómo convertir los lineamientos en protocolos concretos, sistemas de alertas tempranas y rutas de atención que articulen a las entidades competentes.
