En una intervención cargada de urgencia durante la jornada académica organizada por el Tribunal Superior de Bogotá, su presidenta, la magistrada Diana Marcela Camacho, elevó un contundente llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Justicia. Frente a un auditorio compuesto por autoridades judiciales y académicas, la funcionaria exigió la asignación de partidas presupuestales adicionales para la vigencia fiscal de 2027 y la expedición de un decreto que permita el reparto nacional de tutelas. La solicitud, dirigida de manera directa al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino, busca una respuesta inmediata ante lo que describió como una emergencia judicial estructural que tiene al borde del colapso a los despachos de la capital.
La magistrada sustentó su exigencia con cifras contundentes que revelan la magnitud del déficit. Según detalló, la Rama Judicial requiere para el próximo año un presupuesto de 17,5 billones de pesos, pero la asignación gubernamental apenas alcanza los 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34 por ciento, equivalente a seis billones de pesos. Esta carencia, explicó Camacho, impide la creación de nuevos despachos judiciales y, por tanto, resulta imposible reducir el represamiento de expedientes que afecta gravemente el acceso a la justicia en Bogotá, una ciudad cuyo crecimiento poblacional ha disparado el ingreso de procesos sin un aumento proporcional de jueces.
Una crisis presupuestal sin precedentes
Los números presentados por la presidenta del tribunal dibujan un panorama crítico. Con corte a agosto de 2026, en Colombia se habían radicado 781.000 tutelas, de las cuales más de 210.000, es decir, el 26,89 por ciento del total nacional, corresponden al distrito judicial de Bogotá. Para dimensionar la sobrecarga, Camacho señaló que los juzgados civiles de la capital tramitan un promedio de 49 procesos mensuales, más del doble que en Cali, mientras que en los juzgados de pequeñas causas el represamiento supera los 2.800 expedientes por despacho. La Sala Penal de Bogotá recibió en 2026 más del doble de asuntos que la de Riohacha, y los 33 jueces de ejecución de penas de la ciudad tienen a su cargo aproximadamente 60.000 personas condenadas, lo que se traduce en unos 1.800 procesos por juez. La situación no es mejor en la Sala de Familia, donde cada magistrado recibe 67 procesos mensuales pero apenas logra resolver 48, mientras que en Cali reciben 30 y en Medellín 48. Incluso la Sala de Restitución de Tierras, con apenas tres magistrados, resuelve cinco veces más asuntos que el resto del país, y más de la mitad de los procesos que ingresan son tutelas.
«A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos»
Diana Marcela Camacho, presidenta del Tribunal Superior de Bogotá
La magistrada describió con crudeza la realidad de sus colegas: «Los jueces y magistrados en Bogotá nos convertimos en la práctica en jueces de tutela permanentes. Un gran instrumento, eso es verdad. Pero debido al volumen que estamos recibiendo, debemos postergar las sentencias ordinarias. Y aun así, sostenemos los números de ingresos que no son simples estadísticas. Números que demuestran que este tribunal llegó a su límite operativo». Esta declaración puso de relieve cómo el exceso de tutelas termina afectando la atención de otros casos fundamentales, como los de restitución de tierras para víctimas de despojo.
La propuesta: un decreto de reparto nacional
Consciente de la estrechez fiscal que atraviesa el país, Camacho propuso una medida alternativa que no implicaría nuevos gastos ni la apertura de despachos. La solución, explicó, pasa por modificar las reglas de reparto de las tutelas, apoyándose en antecedentes jurídicos y operativos concretos. Citó el Decreto 1446 de 2026, que ya modificó el reparto del Decreto 1069 de 2015 para acciones contra autoridades y entidades nacionales, y recordó el mecanismo extraordinario implementado tras el terremoto del 10 de agosto en Buga, cuando se aplicó un repaso especial en los distritos de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó.
«Si la judicatura fue capaz de hacerlo de la noche a la mañana frente a una tragedia natural sin planeación previa, ¿por qué no hacerlo hoy frente a esta emergencia judicial estructural? Solo falta la voluntad del Gobierno para expedir el decreto que equilibre las cargas de la justicia en Colombia»
Diana Marcela Camacho, presidenta del Tribunal Superior de Bogotá
La magistrada también hizo una concesión al reconocer la situación económica del país. «Comprendemos perfectamente la estrechez de las arcas públicas. Sabemos que hace unos días, el 29 de octubre, el Gobierno radicó el proyecto de ley de rescate económico para buscar salidas financieras; pero seamos realistas, mientras ese debate económico avanza en el Congreso y los recursos llegan, la tutela del ciudadano enfermo, el proceso del trabajador, no van a dar espera», afirmó. En ese sentido, su mensaje final fue tajante: «La justicia no puede cruzarse de brazos a esperar un milagro fiscal». La advertencia de Camacho deja claro que, para el Tribunal Superior de Bogotá, la emergencia es ya y las soluciones deben llegar sin demora.
