La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a once excomandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el marco del Caso 10 que examina las conductas no amnistiables cometidas por esa guerrilla y que no fueron abordadas en otros procesos de justicia transicional. Entre los imputados figuran Rodrigo Londoño, conocido en su momento como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, ‘Pastor Alape’, quienes junto a otros nueve antiguos mandos responden como máximos responsables de hechos ocurridos en las regiones donde operaron los bloques Magdalena Medio y Caribe. La decisión fue adoptada por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, ponente de la investigación, y establece que los comparecientes tienen hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer o rechazar los hechos y su responsabilidad.
Del Bloque Magdalena Medio fueron imputados cinco antiguos comandantes: Rodrigo Londoño, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Cancharina’) y Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’). Del Bloque Caribe, en tanto, la imputación cobija a seis: Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’), Osmany Landero Fajardo (‘Hernando González’), Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’), Luis Alejandro Cuadras Solórzano (‘Leonardo Muñoz’), Uriel Antonio Oviedo Aldana (‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’) y Héctor Enrique Hernández López (‘Fabio Borges’). El ámbito territorial de la investigación abarca las zonas donde esos frentes ejercieron dominio: en el caso del Magdalena Medio, Santander, Norte de Santander, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el noroccidente de Boyacá, el Nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio antioqueño; en el del Caribe, La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.
Dos patrones de criminalidad y un expediente de casi 800 víctimas
La imputación se sustenta en dos patrones macrocriminales identificados por la Sala. El primero corresponde al control social y territorial que las Farc impusieron en zonas rurales, mediante persecuciones, castigos, amenazas y lo que la JEP describe como un vacío de poder construido a partir del sometimiento de las comunidades. El segundo reúne los delitos cometidos durante acciones armadas: tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas y ataques con explosivos que impactaron de manera directa a la población civil y a bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Para llegar a esas conclusiones, el despacho analizó los relatos de 733 víctimas acreditadas, 72 informes presentados por víctimas y organizaciones sociales, quince versiones colectivas y nueve individuales de antiguos integrantes de la guerrilla, además de 1.859 denuncias remitidas por la Fiscalía General de la Nación.
El expediente documenta hechos de especial gravedad, entre ellos la masacre de La Duquesa, ocurrida en 2004 en Tibú, Norte de Santander, donde fueron asesinados 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años. También figura la toma de Chalán, en Sucre, en la que murieron once policías tras la detonación de un “burro bomba” con 50 kilogramos de explosivos, y el atentado de 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, que dejó cinco civiles muertos. La investigación recoge además el ataque a la estación de Policía de San Calixto, Norte de Santander, en 2011, donde fallecieron tres miembros de una misma familia, incluida una recién nacida, y el atentado con carro bomba contra las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá en 2010, que dejó nueve personas heridas.
Líderes sociales, religiosos y violencia sexual
Más allá de las acciones armadas, la Sala documentó amenazas, desplazamientos forzados y homicidios contra líderes comunitarios, docentes y religiosos, entre los que se mencionan el asesinato del sacerdote José Antonio Beltrán Monsalve, ocurrido en Landázuri, Santander, en 1991; el del pastor Fredis Antonio Urueta Barreto, en Toluviejo, Sucre, en 2002, y el del docente Hedis Marcial Chamorro Torres, en El Carmen de Bolívar, en 1995. La JEP también estableció que la violencia sexual fue utilizada como castigo, mecanismo de intimidación y herramienta de control contra quienes desafiaban las reglas impuestas por la guerrilla o eran señalados de tener vínculos con la fuerza pública. A ello se suman las conductas de desaparición forzada, tortura, homicidio y desplazamiento, que por su naturaleza y gravedad no pueden recibir amnistía ni tratamientos equivalentes.
La investigación identificó además a 54 personas cuyo paradero aún se desconoce, por lo que la JEP ordenó a los imputados aportar información sobre ellas tanto a la jurisdicción como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). El caso reviste una particularidad relevante dentro del universo de comparecientes: antes de la firma del Acuerdo de Paz, solo Uriel Antonio Oviedo Aldana, ‘Manuel Ortiz’, había sido capturado por la justicia ordinaria, mientras que los demás permanecieron fuera del alcance de los procesos penales convencionales.
Los plazos que se abren y el camino de la verdad
Con la imputación notificada, se abre la etapa en la que los once excomandantes deberán definir si reconocen los hechos y su responsabilidad o si los rechazan. Las víctimas y el Ministerio Público, por su parte, podrán formular observaciones hasta el 8 de febrero de 2027. Si los comparecientes reconocen y aportan verdad plena, la JEP podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento, escenario en el que se define el componente restaurativo y las sanciones propias. En caso contrario, el expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal transicional, instancia en la que se exponen a penas de hasta 20 años de prisión. La imputación no constituye una sentencia, pero sí fija un marco de hechos y responsabilidades sobre los cuales la jurisdicción espera que los antiguos mandos de los bloques Magdalena Medio y Caribe expliquen su papel en la cadena de mando de una de las estructuras más longevas y activas del conflicto armado colombiano.
