En una maratónica sesión que superó las quince horas de debate y se extendió hasta la madrugada, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Sometimiento, una herramienta que redefine la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. La votación del informe de ponencia encendió las alarmas de la coalición oficialista, cuyos congresistas denunciaron vicios en el procedimiento y anunciaron una demanda ante la Corte Constitucional, mientras que los sectores de oposición celebraron lo que consideran el cierre definitivo de las negociaciones con grupos armados ilegales.
El proyecto, que establece nuevas condiciones para el sometimiento de organizaciones criminales a la justicia, fue impulsado por el presidente de la Cámara, Abelardo de la Espriella, y contó con el respaldo de ponentes como el representante por Bogotá Daniel Felipe Briceño Montes y el representante por Antioquia Luis Miguel López Aristizábal. Entre sus disposiciones más polémicas figura una pena mínima de diez años para los cabecillas de estas organizaciones, la eliminación de la figura de gestores de paz, la prohibición de suspender órdenes de captura y extradiciones, y la exclusión de beneficios para quienes hayan reclutado menores de edad. También se estableció un plazo de tres años para que testaferros y personas vinculadas al lavado de dinero puedan aspirar a la suspensión de la pena, siempre que cumplan condiciones específicas.
La falsa paz total llega a su fin
El ambiente en el recinto fue de confrontación total. Mientras los voceros del Centro Democrático y sus aliados aplaudían la decisión, los representantes del Pacto Histórico denunciaban que se votó sin que los ponentes presentaran el informe ni se abriera la discusión formal. La presidencia de la Cámara fue acusada de interrumpir intervenciones y de aprovechar la ausencia de varios congresistas para reabrir un artículo que ya había sido aprobado horas antes. El representante por Bogotá Gabriel Becerra Yáñez, del Pacto Histórico, fue particularmente enfático al señalar que el país tiene derecho a saber quién puso las armas, quién puso la plata y quién garantizó la protección política de esos delitos, una declaración que resume el malestar de la bancada oficialista ante lo que consideran una protección implícita a los financiadores y protectores políticos de los grupos criminales.
“¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!”
Abelardo de la Espriella, presidente de la Cámara de Representantes
La celebración de la oposición fue inmediata. El propio De la Espriella aseguró que “la falsa paz total llegó a su fin”, mientras que el representante López Aristizábal sentenció que “se acaba la paz total y empieza la ley de sometimiento, porque los grupos armados ilegales, los criminales, tienen que someterse a la ley”. Estas expresiones reflejan el giro que la norma impone a la estrategia gubernamental, que hasta ahora había priorizado mesas de diálogo y negociaciones políticas con diversas estructuras armadas.
La denuncia de la bancada oficialista
Uno de los momentos más tensos de la madrugada se vivió con la modificación del artículo 2, que eliminó un parágrafo que protegía la protesta social frente a la clasificación de “organizaciones terroristas”. La representante por el Atlántico Andrea Camila Vargas De La Hoz denunció la maniobra: “Eso lo habíamos aprobado en plenaria hace unas cuantas horas, pero ahora, a la medianoche, cuando vieron la oportunidad, pidieron reaperturar la discusión del artículo dos”. Junto a la también representante por el Atlántico Estefanel Gutiérrez Pérez y la representante por Cundinamarca Hilda Gutiérrez, la bancada del Pacto Histórico anunció que acudirá a la Corte Constitucional una vez la ley sea sancionada, alegando tanto vicios de procedimiento como reparos de fondo.
“El país tiene derecho a saber quién puso las armas, quién puso la plata y quién garantizó la protección política de esos delitos”
Gabriel Becerra Yáñez, representante por Bogotá del Pacto Histórico
La advertencia de la Defensoría del Pueblo añade más leña al fuego, pues el texto exige esperar a que exista una condena para compulsar copias contra políticos, empresarios o funcionarios que protegieron a grupos criminales, lo que podría generar pérdida de pruebas o la prescripción de delitos. Representantes de la oposición como Jaime Raúl Salamanca Torres, del Boyacá, votaron en contra y advirtieron que continuarán ejerciendo control político sobre la implementación de la norma.
Con la aprobación en la Cámara, la ley pasa ahora a sanción presidencial, pero su futuro inmediato es incierto. El anuncio de una demanda ante el alto tribunal, sumado a la suspensión potencial de su aplicación mientras la Corte se pronuncia, deja en vilo una herramienta que el Gobierno presentó como el eje de su política de sometimiento a la justicia y que la oposición recibió como el acta de defunción de la paz total.
