La Gobernación del Magdalena invirtió 52.200 millones de pesos en seguridad durante 2026, una cifra que la administración de Margarita Guerra vinculó directamente con una reducción del 23 por ciento en la tasa de homicidios del departamento. Sin embargo, la Policía del Magdalena reportó una caída del 11 por ciento en el comparativo entre enero y septiembre del mismo año frente a 2025, lo que evidencia cortes temporales distintos que las autoridades advierten no deben equipararse. El balance fue presentado durante un Consejo de Seguridad celebrado en Santa Marta, que contó con la participación del presidente Abelardo de la Espriella, y en el que se abordaron el refuerzo de la presencia estatal, las capacidades de la Fuerza Pública y las acciones contra estructuras criminales que persisten en la región.
Los recursos departamentales se orientaron a movilidad, tecnología, comunicaciones e investigación criminal tanto para el Ejército Nacional como para la Policía. Se entregaron más de 88 vehículos, entre ellos tres tipo Guardian, además de radios, antenas de comunicación, geolocalizadores y drones. El patrullaje fue reforzado en la Ciénaga Grande del Magdalena y se adelantó la adecuación de la base militar de Puebloviejo. Como complemento a las operaciones policiales y militares, la Gobernación formó a más de 600 gestores de convivencia, cuyo trabajo se orienta a la prevención de conflictos y el acompañamiento comunitario, aunque el boletín oficial no detalla su distribución territorial ni las tareas específicas que desempeñan.
Las cifras de homicidios y la disparidad entre reportes
En números absolutos, la Policía del Magdalena reportó 198 homicidios durante los primeros nueve meses de 2026, frente a 223 en el mismo periodo de 2025, lo que representa 25 casos menos y una reducción del 11 por ciento. En septiembre, la disminución fue del 38 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. La Gobernación, por su parte, calculó una reducción del 23 por ciento, aunque no precisó el número de casos, los municipios comprendidos ni las fechas exactas usadas para ese cálculo. Las autoridades insistieron en que ambos porcentajes corresponden a cortes temporales distintos y no deben ser equiparados, pero la diferencia genera interrogantes sobre el impacto real de la inversión.
Las declaraciones de la gobernadora
«Mi administración ha decidido construir relaciones institucionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto por las diferencias, dejando atrás las confrontaciones políticas que durante años marcaron al departamento»
«Por encima de cualquier movimiento o liderazgo político está el bienestar de los magdalenenses»
Margarita Guerra, gobernadora del Magdalena
Pese a los avances en la reducción de homicidios, el balance identificó la extorsión, los hurtos, las amenazas y la presencia de estructuras criminales como problemas persistentes en la agenda de seguridad del Magdalena. La estrategia departamental incluye acciones específicas contra la extorsión, que afecta especialmente a comerciantes, empresarios, transportadores y habitantes de la región. Los gestores de convivencia, más de 600 formados, buscan complementar las operaciones de la Fuerza Pública con orientación ciudadana y trabajo comunitario, aunque el boletín oficial no detalla su distribución territorial ni las tareas específicas que desempeñan.
Contexto político y coordinación institucional
Guerra llegó a la Gobernación con el respaldo de Fuerza Ciudadana, el movimiento relacionado con el exgobernador Carlos Caicedo y con Rafael Martínez, y en su intervención subrayó que su administración busca diferenciarse en su forma de interlocución institucional, sin ruptura formal con su sector político. La mandataria planteó que los problemas de seguridad requieren una coordinación estrecha con el Gobierno Nacional, los alcaldes y las autoridades locales, un mensaje que buscó alejarse de las confrontaciones que marcaron gestiones anteriores.
La inversión de 52.200 millones de pesos representa un esfuerzo presupuestal significativo para el departamento, pero la disparidad entre las cifras de reducción de homicidios —23 por ciento según la Gobernación y 11 por ciento según la Policía— pone de manifiesto la necesidad de contar con indicadores unificados y transparentes que permitan evaluar con precisión el impacto de las políticas de seguridad en el Magdalena. El Consejo de Seguridad en Santa Marta, con la presencia del presidente de la República, dejó claro que la lucha contra el crimen sigue siendo una prioridad compartida, aunque persisten desafíos en materia de extorsión, hurtos y control territorial.
