La organización Sinergia Animal afirmó que la denuncia penal por injuria, calumnia y constreñimiento ilegal presentada por Productos Ramo en su contra constituye un intento de censurar su activismo, luego de haber cuestionado el uso de jaulas en batería y denunciado presunto maltrato animal en una granja proveedora de la empresa ubicada en Cachipay, Cundinamarca. La denuncia, presentada ante la Fiscalía General de la Nación, vincula a cinco activistas: Andrea Muñoz, líder de campañas; Stephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen por presunta injuria y calumnia agravada, y a Daniel Quiroz Murillo por constreñimiento ilegal. La defensa de la ONG, a cargo de los abogados Juan José Castro Muñoz y Mateo Coronado Arango, del despacho CastroMuñoz & Coronado Abogados, calificó la acción legal de Ramo como un mecanismo para silenciar las críticas y limitar la libertad de expresión.
La controversia se originó cuando Sinergia Animal denunció presuntas condiciones de hacinamiento y malos tratos en una granja proveedora de la cadena de suministro de Productos Ramo. En respuesta, la empresa promovió una acción de tutela contra la ONG, la cual concluyó en segunda instancia sin una orden judicial que prohibiera las campañas de la organización. Además, el pasado 3 de noviembre de 2026 se realizó una audiencia de conciliación que, según los abogados de los activistas, terminó sin acuerdo debido a la falta de disposición de ambas partes para llegar a un consenso. Productos Ramo, representada legalmente por el equipo del abogado Jaime Granados, rechazó los señalamientos de maltrato animal y aseguró haber entregado certificaciones e inspecciones oficiales del ICA que acreditan el cumplimiento normativo de bioseguridad y bienestar animal en la granja cuestionada, aunque sin detallar fechas ni contenido específico de dichos documentos.
Choque de posturas entre la defensa y la empresa
En un comunicado difundido por la defensa de Sinergia Animal, los abogados Juan José Castro Muñoz y Mateo Coronado Arango cuestionaron la decisión de la empresa de hacer públicos los nombres de los activistas vinculados a la denuncia. “Los denunciantes decidieron someter los nombres de nuestros clientes al escarnio público sin que a la fecha existan decisiones judiciales que refuten su presunción de inocencia”, afirmaron. Asimismo, defendieron la legitimidad de su activismo al señalar que “exigir tratos dignos con los animales, en ninguna circunstancia, puede ser considerado injuria, calumnia o constreñimiento ilegal”. La ONG sostiene que sus declaraciones están respaldadas por “investigaciones serias y rigurosas” que serán presentadas en el momento procesal oportuno, y aseguró que atenderá cada citación de las autoridades para defender la inocencia de sus representados.
“Exigir tratos dignos con los animales, en ninguna circunstancia, puede ser considerado injuria, calumnia o constreñimiento ilegal”
Juan José Castro Muñoz y Mateo Coronado Arango, abogados de Sinergia Animal
Por su parte, Productos Ramo emitió su propio comunicado en el que defendió su postura legal, argumentando que la denuncia penal responde a la necesidad de proteger su reputación y la de sus colaboradores. “Ramo respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de proteger a sus colaboradores y su buen nombre”, señaló la empresa. La compañía también denunció que, según su postura, existieron comunicaciones en las que se anunciaban campañas contra su imagen e ingresos si no modificaba sus políticas internas. El proceso continúa su curso ante la Fiscalía General de la Nación, con posiciones contrapuestas entre las partes, mientras la defensa de los activistas rechaza las acusaciones y la empresa insiste en que sus señalamientos han afectado su imagen corporativa.
