En una entrevista concedida al medio NTN24, Sara Morales, víctima de reclutamiento y violencia sexual atribuido a las extintas Farc, cuestionó duramente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por haber autorizado que Sandra Ramírez, excompañera sentimental del máximo comandante de la guerrilla, Manuel Marulanda alias ‘Tirofijo’, rindiera su versión libre de manera virtual. Morales, quien además es fundadora de la Corporación Rosa Blanca y representa a 380 víctimas ante la JEP en el marco del Caso 07 que investiga el reclutamiento de menores, denunció que la decisión del tribunal priorizó la protección de la compareciente por encima de la de las víctimas, y que su propia seguridad ha sido desatendida pese a haber reportado amenazas hace tres meses sin recibir respuesta.
La audiencia virtual de Sandra Ramírez, actual senadora por el partido de las extintas Farc, se desarrolló bajo un argumento de seguridad: la Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó que la exguerrillera enfrenta un nivel de riesgo extremo, motivo por el cual la JEP accedió a que compareciera de forma remota. Sin embargo, para Morales esta decisión refleja un desequilibrio inaceptable. «Ese nerviosismo que usted tiene es mínimo al miedo con el que vivimos las víctimas que hemos denunciado lo que ustedes hicieron», reprochó Morales dirigiéndose a Ramírez, al tiempo que advirtió que las instituciones terminan protegiendo más a los perpetradores que a quienes se atreven a denunciar. «En vez de hacer nuestros estudios de seguridad y llegar al fondo de estas amenazas, nos ven a las víctimas como victimarios», agregó la representante, visiblemente indignada.
Contradicciones en la versión de Sandra Ramírez
Durante la diligencia, Sandra Ramírez negó haber tenido acceso a las comunicaciones de los mandos de las Farc o haber participado en reuniones nacionales y de bloques, y afirmó que sus labores dentro de la guerrilla se limitaban al cuidado de animales y la construcción de trincheras. No obstante, la JEP exhibió documentos en los que Ramírez figura como delegada del Bloque Oriental y de dos frentes de la organización, además de comunicaciones dirigidas a ella. Sara Morales calificó estas afirmaciones como un acto de cinismo, recordando que las comunicaciones internas de la guerrilla se realizaban por radio HF y cartas con códigos, y que Ramírez sí participó en la séptima y octava conferencias de las Farc, donde se crearon las políticas de planificación forzada y abortos. «El cinismo de Sandra Ramírez sigue. Yo creo que es un comportamiento que ella ha tenido, de negar su participación directa en ciertas actividades dentro de las mismas Farc», señaló Morales, quien también le increpó directamente: «Usted participó en la séptima y octava conferencia, donde se creó la política de planificación».
«Una audiencia virtual no es igual al respeto que nos merecemos las víctimas»
Sara Morales, víctima y representante de víctimas ante la JEP
La magistrada Lily Andrea Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, explicó que el tribunal busca esclarecer las funciones reales que desempeñó Ramírez dentro de la estructura guerrillera y determinar si, dada su cercanía personal con la máxima autoridad de la organización, tuvo capacidad de influir en la ejecución de violencias sexuales y reproductivas contra menores. «Tenemos que contrastar si, dada su cercanía personal y las funciones que cumplía con la máxima autoridad de la organización, tenía capacidad de influir en la ejecución de este tipo de violencias», afirmó la magistrada. Mientras tanto, Sara Morales insiste en que la comparecencia virtual no otorga el mismo respeto a las víctimas y que la JEP debe garantizar condiciones equitativas de seguridad y participación para quienes han padecido directamente los crímenes del conflicto armado.
