El Hospital San Juan de Dios certificó que recibió la hoja de vida de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez el 27 de julio de 2026, pero aclaró que no se materializó su contratación tras verificar los requisitos exigidos para el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, el cual se encontraba vacante en esa fecha. Así consta en un documento al que tuvo acceso La FM, en el que la Subdirección del centro asistencial confirmó el registro documental de la hoja de vida de la mujer, quien días después difundió un video con el expresidente Gustavo Petro como presunta prueba de una relación íntima y denunció un intercambio de favores sexuales por contratos públicos. La recepción de la hoja de vida se produjo en el marco de una posible vinculación en provisionalidad, pero el hospital fue enfático en señalar que la gestión se limitó a esa etapa inicial.
Jiménez, quien expuso sus señalamientos durante cerca de tres horas y media ante la Corte Suprema de Justicia, publicó el video el 4 de noviembre de 2026 en su cuenta de Instagram, donde aparece conversando con Petro entre risas y comentarios sobre el estado físico del entonces mandatario. En la misma red social, la denunciante responsabilizó directamente a Petro si ella o su familia llegaran a sufrir algún daño. El hospital, por su parte, precisó que aunque se realizó un estudio de verificación de cumplimiento de requisitos, no se avanzó a las etapas posteriores del trámite de vinculación ni se materializó nombramiento y posesión en un empleo de la entidad. La respuesta del centro asistencial constituye el primer pronunciamiento oficial frente al escándalo conocido como “sexocontratos”, en el que Jiménez asegura haber sostenido una relación íntima con el exjefe de Estado a cambio de beneficios contractuales.
Los contratos de Jiménez superan los 130 millones de pesos
El historial contractual de Deicy Jiménez, que según los registros oficiales asciende a más de 130 millones de pesos entre 2023 y 2026, incluye cinco contratos adjudicados de manera directa para labores de archivo, digitación, apoyo administrativo y logística. El primero de ellos fue firmado con el Senado de la República en marzo de 2023 por un valor de siete millones de pesos. El segundo, también con el Senado, alcanzó los 34 millones de pesos y quedó radicado bajo el número CDPS-SEN-695-2023, con vigencia hasta julio de 2024. Posteriormente, en junio de 2025, se registró un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por 18 millones de pesos. Ya en el Ministerio del Interior, a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), Jiménez suscribió un contrato identificado con el número 1826 de 2025 por 11.151.338 pesos. Ese vínculo fue renovado el 21 de enero de 2026 por 30 millones de pesos, con las mismas funciones y vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. La Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de esa cartera emitió incluso un certificado de idoneidad que avaló el perfil de Jiménez para trabajar en el FONSECON, pese a que su formación académica se limita al título de bachiller y a una experiencia declarada en el sector audiovisual independiente.
La respuesta del hospital ante las acusaciones
El documento emitido por el Hospital San Juan de Dios es contundente al describir el alcance de la gestión realizada con la hoja de vida de Jiménez. En uno de sus apartes, la Subdirección señala textualmente: “Que, consultados los registros documentales de esta Subdirección, se constató que el 27 de julio de 2026 se recibió la hoja de vida y la documentación correspondiente de la señora Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.[número oculto], con destino a una posible vinculación en provisionalidad en la entidad”. Agrega el documento que la gestión adelantada se limitó a la recepción de la hoja de vida y los documentos aportados, realizando un estudio de verificación de cumplimiento de requisitos en el empleo Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 13, el cual se encontraba vacante para la fecha de recepción. Y concluye que, en consecuencia, no se avanzó a las etapas posteriores del trámite de vinculación ni se materializó un nombramiento y posesión en un empleo de la entidad.
“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. (…) Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro.”
Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, denunciante, en su cuenta de Instagram
La denuncia de Jiménez, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, quedó formalizada después de que la mujer relatara una presunta relación íntima con Gustavo Petro y un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos públicos. En el video difundido el 4 de noviembre se observa una conversación privada que Jiménez presentó como respaldo de sus afirmaciones. La mujer, que también advirtió sobre su seguridad y la de su familia, sostiene que tiene pruebas de lo que denuncia, mientras el hospital, por su parte, dejó claro que, pese a la recepción de su hoja de vida, la vinculación nunca se concretó. El escándalo sacude el panorama político nacional, y las autoridades judiciales deberán determinar si las acusaciones tienen fundamento o si se trata de una difamación. Mientras tanto, el país sigue de cerca cada revelación en torno a este caso que involucra al expresidente, a una denunciante con un historial de contratos públicos y a un hospital que aclaró que solo recibió una hoja de vida que nunca se tradujo en un nombramiento.
