La representante a la Cámara Carol Stefanny Borda y la senadora Sara Jimena Castellanos radicaron este jueves 5 de noviembre de 2026 una denuncia formal contra el expresidente Gustavo Petro ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La acción judicial se sustenta en las declaraciones de Deicy Jiménez Ramírez, quien en una entrevista con Semana el pasado 25 de octubre señaló presuntos vínculos entre contratos estatales y favores sexuales, así como en un video de 54 segundos divulgado por ella misma en Instagram el 4 de noviembre. La denuncia plantea que Petro podría haber utilizado sus atribuciones oficiales, recursos públicos o funcionarios para favorecer contrataciones a cambio de beneficios sexuales.
Los congresistas invocaron los artículos 174 y 178 de la Constitución y el artículo 329 de la Ley 5 de 1992 para solicitar que se investigue si hubo recomendaciones u órdenes directas del entonces mandatario, si los servicios contratados fueron realmente prestados y si existió una contraprestación indebida. La Comisión de Acusación deberá determinar si los hechos ocurrieron durante el período presidencial de Petro, que abarcó del 7 de agosto de 2022 al 7 de agosto de 2026, o si son anteriores a su mandato.
Los contratos bajo la lupa
Según la información recopilada por el medio Cambio, se identificaron diez contratos a nombre de Deicy Jiménez con un valor acumulado aproximado de 133 millones 560 mil pesos, suscritos entre 2021 y 2026 con entidades como el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. Además, se menciona una posible vinculación de Jiménez con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en 2026, extremo que está pendiente de certificación oficial. La denuncia pide que se realice una verificación forense tanto del video como de los contratos para establecer su autenticidad y determinar si hubo alguna irregularidad.
El caso tiene antecedentes inmediatos: Deicy Jiménez declaró ante la Corte Suprema el 29 de octubre de 2026, y la Procuraduría abrió una indagación previa el 26 de octubre sobre los denominados “sexocontratos”. Las identidades de otras posibles mujeres involucradas no han sido establecidas y requieren verificación. La Comisión de Acusación tendrá ahora la responsabilidad de evaluar las pruebas y decidir si abre una investigación formal contra el exmandatario, en un proceso que promete ser clave para el clima político del país.









