La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) solicitó formalmente a la Corte Constitucional que revise la Ley de Sometimiento, una norma ya sancionada que está por entrar a control constitucional. Junior Maldonado, integrante de la organización, explicó en entrevista con Caracol Radio que el pedido obedece a que las rebajas de penas y los subrogados penales contemplados en la ley podrían generar un escenario de impunidad para las víctimas de grupos armados. Según Ascamcat, el trámite legislativo se habría dado en un tiempo exprés, sin los debates suficientes ni la participación de las comunidades campesinas y las víctimas, lo que constituye un vicio de origen que debe ser evaluado por el alto tribunal.
Uno de los puntos centrales de la crítica de la organización campesina es el beneficio penal que establece una reducción del cincuenta por ciento de las penas para las personas, grupos armados o bandas criminales que se acojan al proceso de sometimiento. Maldonado advirtió que, al combinar esta rebaja con los subrogados penales, una condena de cuarenta o cincuenta años podría cumplirse efectivamente en apenas cuatro o cinco años. Esto, a juicio de Ascamcat, representa una gabela para las organizaciones armadas que han cometido graves hechos victimizantes, dejando de lado el lugar central que deberían ocupar las víctimas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
«Hay cuestionamientos al trámite y vicios que se dieron para la aprobación de esta ley. Es una ley que en tiempo exprés no tuvo los debates necesarios para poderlo pasar y que hoy se sanciona y que va a entrar a control constitucional debido a los posibles trámites de vicios que se generaron».
Junior Maldonado, integrante de Ascamcat
El representante de Ascamcat subrayó que, si bien el sometimiento puede ser un mecanismo para desarticular estructuras armadas, este no puede estar desligado de la garantía de los derechos de las víctimas. En ese sentido, la organización considera que la aprobación de la ley a pupitrazo en el Congreso, sin debates profundos ni espacios para que las víctimas dieran su opinión, es un reflejo de que la norma no pone a quienes han sufrido la violencia en el centro de la discusión. Maldonado insistió en que el análisis de la Corte debe contemplar la revisión de los casos donde se hayan infringido violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para evitar que queden en la impunidad.
«Si un grupo armado cometió una serie de hechos victimizantes, las víctimas no están en el centro de esta ley. Precisamente va a haber un manto de impunidad para las víctimas que pudieron ser afectadas por alguna estructura armada o banda criminal que se acoja a este proceso».
Junior Maldonado, integrante de Ascamcat
La solicitud de Ascamcat ante la Corte Constitucional se centra en dos grandes aspectos: las condiciones jurídicas que se otorgan a quienes se someten y la protección efectiva de las víctimas. La organización, que agrupa a comunidades campesinas de la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, considera que la ley no puede dejar sin respuesta los hechos cometidos simplemente porque una estructura armada manifieste su voluntad de someterse. El llamado es para que el alto tribunal examine a fondo la norma antes de que entre en plena vigencia, de modo que se garantice que el sometimiento no se convierta en un mecanismo que favorezca la impunidad y que las víctimas puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación que tanto han exigido en el país.
