La Procuraduría General de la Nación citó a declarar a Deicy Jiménez y a Tito Lorenzo Lobo en el marco de la indagación previa por denuncias sobre presuntos contratos estatales otorgados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro. Jiménez, quien es la denunciante, fue convocada para ampliar su declaración el lunes 9 de noviembre, mientras que Lobo, supervisor del contrato en la Segunda Vicepresidencia del Senado, deberá entregar su versión el martes 10 de noviembre. Las diligencias se realizarán ante la Procuraduría, sin que se haya especificado un lugar concreto para su desarrollo, con el objetivo de recopilar información sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos durante la administración petrista.
La denuncia de Jiménez, quien afirma haber conocido a Gustavo Petro en 2019 a través de una página para adultos cuando él era senador, ha puesto en el centro del debate público una presunta red de corrupción que involucraría a entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos públicos bajo condiciones similares. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ordenó una inspección forense al teléfono celular de Jiménez y una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar información contractual que pueda esclarecer los hechos. La comparecencia de Jiménez ante la Fiscalía había sido suspendida tras la renuncia de su anterior abogado por motivos de seguridad, y ahora es representada por Diana Luz Malo Andrade, quien ha solicitado medidas especiales de protección para su cliente por presuntos seguimientos e intimidaciones.
Nuevos elementos en la investigación
La nueva defensa de Jiménez presentó fotografías y un video de contenido privado para respaldar su versión de los hechos, mientras que Lobo deberá informar sobre el contrato que Jiménez tuvo en el Congreso y las funciones que desempeñó como supervisor. Estos elementos buscan fortalecer la indagación previa de la Procuraduría, que avanza en medio de un escenario de alta tensión política y mediática. Las citaciones a ambos involucrados representan un paso clave para determinar la veracidad de las denuncias y establecer si existieron conductas irregulares en la asignación de contratos estatales, un caso que ha generado amplio debate sobre el manejo de la contratación pública en el gobierno de Gustavo Petro.
