En un hecho sin precedentes que sacude el panorama político colombiano, Deicy Jiménez, la joven de 26 años que ha denunciado al expresidente Gustavo Petro por una presunta red de corrupción que involucraría la entrega de contratos a cambio de favores sexuales, se presentó este jueves 5 de noviembre de 2026 en el búnker de la Fiscalía General de la Nación para entregar voluntariamente su teléfono celular. La diligencia, que se extendió por 15 horas y 45 minutos, permitió que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciara la extracción de videos, mensajes de WhatsApp y otros archivos que respaldarían sus graves acusaciones contra el exmandatario durante el cuatrienio 2022-2026. Tras salir de la sede donde despachan los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Jiménez publicó un mensaje en Instagram en el que dejó claro que su objetivo no busca un interés personal, sino revelar lo que califica como una verdad que merece ser denunciada.
La denunciante, quien se desempeñaba como extrabajadora sexual, había difundido previamente videos en los que aparece junto a Gustavo Petro como aparente prueba de los vínculos que ahora investiga la Fiscalía. En su declaración pública, Jiménez afirmó que no tenía garantías para hablar antes y que las amenazas que ha recibido no la han amedrentado. «Desde el día en que dije NO, sabía que tenía que denunciar. Pero ¿cómo hacerlo cuando no tenía garantías, cuando no existían las condiciones para hablar sin miedo? Hoy estoy aquí, dando la cara y cumpliéndole a Colombia. El amor por mi país me dio la fuerza para dar este paso, aun sabiendo todo lo que implica», escribió la joven en la red social.
Un entramado de contratos por más de 130 millones de pesos
La información revelada por Jiménez detalla que, durante cinco años, entre 2022 y 2026, recibió contratos que suman más de 130 millones de pesos, todos adjudicados de manera directa para tareas de archivo, digitación, apoyo administrativo y logística. El primer contrato data de marzo de 2023, cuando el Senado de la República le otorgó un valor de 7 millones de pesos. En septiembre de ese mismo año, con radicado CDPS-SEN-695-2023, recibió 34 millones de pesos con vigencia hasta julio de 2024, en un contrato asignado desde la Primera Vicepresidencia del Senado, que entonces estaba a cargo de María José Pizarro. Ya en junio de 2025, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le adjudicó un contrato por 18 millones de pesos. El contrato número 1826 de 2025, suscrito con el Ministerio del Interior por 11.151.338 pesos, contó con un certificado de idoneidad emitido el 28 de agosto de 2025. La cláusula principal de este último establecía que debía «prestar servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, apoyando en la consolidación de los informes que se requieran para los proyectos y/o contratos que se encuentran en la etapa de ejecución y liquidación, financiados y/o cofinanciados con recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON». Este contrato fue renovado el 21 de enero de 2026 por 30 millones de pesos, con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año.
«Yo le cumplo a mi país. Esto no se trata de si un señor culea o no. No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada»
Deicy Jiménez, denunciante
Jiménez, quien es bachiller académico del colegio Capacitación 2.000 y tuvo experiencia en el sector audiovisual independiente, insistió en que su denuncia no es un espectáculo. «15 horas y 45 minutos en la Fiscalía. Todo un día. No vine a hacer espectáculo. Vine a cumplir con mi deber. No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia. Te amo Colombia», escribió en Instagram tras la extensa jornada. La entrega del dispositivo móvil y la extracción de la información por parte del CTI representan un paso crucial en la investigación, que ahora sacude el legado del expresidente Gustavo Petro y abre un nuevo capítulo en la historia política del país, donde la denunciante se presenta como una figura que asegura haber roto el silencio para desenmascarar una red de corrupción que, según ella, operaba desde las altas esferas del poder.
