Abogada del Pacto Histórico pide a Comisión de Ética separar provisionalmente a Petro

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La abogada Juliana Beltrán Moya, reconocida activista del Pacto Histórico, solicitó formalmente que la Comisión Nacional de Ética del partido investigue al expresidente Gustavo Petro, actual presidente de la colectividad, por el escándalo que ha sacudido la política colombiana en las últimas semanas. La petición, difundida a través de su cuenta en la red social X, busca que se active un mecanismo interno que evalúe una eventual separación provisional del cargo directivo de Petro, en medio de las graves acusaciones por los denominados «sexocontratos» con la joven Deicy Jiménez, de 26 años.

Beltrán Moya invocó los artículos 15 y 44 de los estatutos del Pacto Histórico para fundamentar su solicitud, normativa que establece sanciones disciplinarias que van desde la amonestación y la multa hasta la suspensión o la expulsión del partido. En su argumentación, la abogada señaló que las faltas cometidas por directivas son competencia exclusiva de la Comisión Nacional de Ética, un órgano compuesto por siete miembros principales, que debería examinar de oficio la denuncia presentada por Jiménez. La activista fue enfática al pedir que, si procede, se recomiende la separación provisional del cargo de Petro, pero con todas las garantías procesales para ambas partes involucradas en el caso.

Las declaraciones de Beltrán y la postura frente al escándalo

En sus declaraciones públicas, la abogada hizo una distinción clave que marca el tono de su solicitud: «¿Hubo relaciones íntimas? Deicy Jiménez dice que sí. El video que publicó ayer muestra un momento de intimidad con Gustavo Petro». Sin embargo, Beltrán fue cautelosa al señalar que una cosa es que haya existido intimidad y otra muy distinta es demostrar que esa intimidad fue una condición para recibir o mantener contratos públicos. La activista reconoció que «el video y los registros contractuales, por sí solos, no prueban ese intercambio ni la existencia de una red de explotación sexual», aunque subrayó que «la asimetría de poder importa» y que es necesario investigar si ese poder se utilizó para presionar o condicionar la contratación estatal.

Beltrán también criticó duramente la difusión del video íntimo, afirmando que «difundir una grabación íntima expone su vida privada y alimenta un juicio público antes de que se esclarezcan los hechos». Además, cuestionó el enfoque mediático que ha rodeado el caso, advirtiendo: «Los van a embobar con un video de farándula sobre la intimidad de un expresidente, mientras les pasan la tributaria más infame posible». La abogada, que previamente demandó la investidura del representante Daniel Briceño ante la Corte Suprema, insistió en que «Deicy merece ser escuchada y protegida como presunta víctima», pero también recordó que «Petro tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso».

El trasfondo de las denuncias y las investigaciones en curso

La controversia estalló luego de que Deicy Jiménez denunciara al expresidente Gustavo Petro por presunto abuso de poder, violencia sexual y exigencia de favores sexuales a cambio de contratos públicos, en un caso que la opinión pública ha bautizado como los «sexocontratos». Jiménez ha señalado que obtuvo al menos diez contratos estatales entre 2019 y 2026, por un monto superior a los cien millones de pesos, provenientes de entidades como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia. La difusión de un video íntimo entre Petro y Jiménez desencadenó el escándalo, mientras que el exmandatario niega las acusaciones y su defensa, liderada por el abogado Alejandro Carranza, cuestiona el valor probatorio de esa grabación.

En paralelo a la solicitud de Beltrán ante la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico, las autoridades judiciales ya han avanzado en el caso. La Fiscalía General de la Nación investiga los hechos y Jiménez entregó su teléfono móvil como parte de las diligencias. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección en la Secretaría del Senado para recaudar documentos relacionados con los contratos que habrían beneficiado a la denunciante. Mientras tanto, el Pacto Histórico se enfrenta a una de las crisis más delicadas desde su fundación, con un expresidente y líder del partido bajo la lupa de la justicia y de sus propios mecanismos de control interno.

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