El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó este 29 de octubre ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca atajar el creciente déficit fiscal mediante un ajuste que recaería en un 70% en recortes del gasto estatal y en un 30% en modificaciones tributarias, entre ellas un alza del IVA y una reducción gradual del impuesto de renta empresarial. La propuesta, presentada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, deberá ser discutida por el Legislativo antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 16 de diciembre, y no es ley, por lo que podría sufrir modificaciones en su trámite.
El plan de ajuste fiscal contempla que el 70% del equilibrio provenga de la reducción y reorganización del gasto público. Esto incluye un recorte del 50% en los contratos de prestación de servicios, una disminución del 20% en los costos de funcionamiento, la revisión de más de 250 transferencias y 50 fondos públicos, y la habilitación al presidente para reorganizar, fusionar o eliminar entidades de la administración nacional durante seis meses. El 30% restante del ajuste provendría de cambios tributarios, con un incremento del IVA al 19% en productos como alimentos y combustibles que hoy gozan de tarifas reducidas, y una reducción gradual del impuesto de renta empresarial, que pasaría del 35% al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028. Los cambios tributarios entrarían en vigencia en 2028 si el Congreso aprueba la iniciativa.
El Gobierno argumenta que el país enfrenta un desequilibrio fiscal que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de 2027. Según proyecciones del Banco de la República, el déficit fiscal alcanzaría el 7,2% del PIB en 2026 y escalaría al 9,4% en 2027, mientras la deuda pública ya ronda el 62% del PIB. Sin la ley, advierte el Ejecutivo, el creciente endeudamiento y el pago de intereses limitarían los recursos destinados a salarios, pensiones, salud, defensa e inversión pública. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional valoró la presentación del paquete fiscal, aunque no respaldó de forma específica ninguna de sus medidas tributarias, y se baraja la posibilidad de un financiamiento del organismo por montos que oscilarían entre 5.000 y 16.000 millones de dólares, sin que exista un programa aprobado ni una cifra confirmada.
El profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Marc Hofstetter, explicó que en el esquema de compensación del IVA, el grupo de menores ingresos recibiría una devolución total del tributo. “A esa gente le van a devolver la totalidad”, afirmó, refiriéndose a los 19 millones de colombianos que serían beneficiados con la compensación completa, mientras que otros 16,5 millones recibirían hasta un 50% de devolución. Sin embargo, Hofstetter también advirtió sobre el costo del financiamiento colombiano: “No hay manera de hacer sostenible una deuda con tasas de interés de ese estilo”, señaló, en alusión a la urgencia de un ajuste estructural.
“A esa gente le van a devolver la totalidad”
Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes
La iniciativa ha generado críticas desde distintos sectores. El exviceministro de Hacienda Leonardo Pazos cuestionó que la reducción del impuesto de renta empresarial favorezca a actividades extractivas y a grupos vinculados con la exportación de petróleo, carbón y minerales, y sugirió que una eventual negociación con el FMI podría respaldar reformas impopulares. Mientras tanto, la oposición ya convocó movilizaciones en contra del presupuesto y de las alzas impositivas, y el debate en el Congreso se anticipa intenso.
El gobierno de Abelardo de la Espriella confía en que el proyecto logre sortear la discusión legislativa, aunque reconoce que las modificaciones son posibles. La Ley de Rescate Económico se presenta como una herramienta para evitar un colapso fiscal, pero su aprobación dependerá de la capacidad del Ejecutivo para construir acuerdos en un escenario político polarizado.
