La hermana de Juliana Guerrero, Verónica Guerrero Jiménez, recibió tres contratos directos con el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente entre 2022 y 2023, y fue denunciada junto a su hermana ante la Fiscalía por presunta intervención irregular en el Consejo Directivo del Fondo de la Igualdad (FonIgualdad). La denuncia fue instaurada por John Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de la Igualdad, quien señaló que ambas hermanas daban órdenes y directrices sin tener competencia en el gobierno corporativo del fondo.
Los contratos de Verónica Guerrero se inscriben en las acciones ordenadas por la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes del pueblo wayú en La Guajira. El primer contrato, firmado el 7 de octubre de 2022 con Colombia Compra Eficiente, fue por 6 millones de pesos y una duración de 85 días; el segundo, del 20 de febrero de 2023, por cerca de 13 millones de pesos y 182 días. Además, recibió un contrato con el Ministerio del Interior entre 2022 y 2023 para apoyar la gestión política e implementación de políticas públicas para grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables en La Guajira. Las labores incluyeron tareas administrativas, logísticas y de divulgación sobre servicios de compra pública.
La denuncia, según explicó el liquidador, se basa en que Juliana Guerrero estaba representando al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti, en el Consejo Directivo de FonIgualdad y que, junto con su hermana, «daban órdenes, tomaban decisiones, cerraban sesiones e instauraban directrices» sin tener ninguna competencia legal. Rodríguez afirmó: «Seguimos denunciando en la liquidación del Ministerio de Igualdad asuntos por fuera de orden, presuntos delitos contra el patrimonio nacional, contra la administración pública, que no hay derecho a que haya ocurrido en Colombia, en el gobierno de Gustavo Petro. Una más. Hoy ante la Fiscalía hemos instaurado esa denuncia de la participación indebida en el Consejo Directivo de Fonigualdad de la señora Juliana Guerrero y de su hermana Verónica Guerrero».
Una investigación de la revista Semana reveló que no se encontraron informes de gestión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) para ninguno de los tres contratos. Verónica Guerrero contaba con formación de bachiller y experiencia certificada por la Fundación Raíces Afro. Los recursos vinculados a la Sentencia T-302 ascienden a aproximadamente 3 billones de pesos, aunque no están atribuidos directamente a la contratista. El liquidador Rodríguez señaló que la Fiscalía deberá determinar la culpabilidad de las hermanas Guerrero, mientras que una alerta del Viceministerio de Diálogo Social advirtió sobre incumplimientos en contratos de la administración anterior para atender las órdenes de la Corte Constitucional.
