La excontratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Elizabeth Ortiz, rompió su silencio y negó categóricamente haber tenido relaciones sentimentales o sexuales con el expresidente Gustavo Petro, así como haber obtenido sus contratos a cambio de favores personales. La psicóloga especialista en Gestión Pública publicó un descargo en su cuenta de X, luego de ser señalada en el marco del escándalo destapado por Deicy Jiménez, otra excontratista que denunció una presunta red de favores sexuales por contratos públicos. Ortiz aseguró que sus vínculos con el Gobierno fueron estrictamente profesionales y que toda su gestión está soportada en documentos públicos verificables en el Secop.
Ortiz explicó que su ingreso al Dapre se dio por recomendación de Andrés Hernández, persona cercana al entonces presidente y parte de su equipo de comunicaciones, pero enfatizó que el proceso fue formal y público. La excontratista tuvo dos contratos de prestación de servicios: el primero a finales de 2025, para apoyo administrativo en estrategias de comunicación, divulgación y participación ciudadana, y el segundo desde febrero de 2026, enfocado en monitoreo y análisis de medios para la Jefatura de Despacho Presidencial. Este último contrato, que ella misma pidió terminar en julio de 2026, fue finalizado por decisión propia porque, según afirmó, no quería seguir vinculada al nuevo Gobierno.
El origen del escándalo y las acusaciones
Las acusaciones que salpicaron a Ortiz surgieron a raíz de una denuncia de Deicy Jiménez, quien difundió el pasado 4 de noviembre un video de 54 segundos en el que aparece con Gustavo Petro en un encuentro privado, asegurando que existía una red de entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos en entidades como el Senado, el Ministerio del Interior, el Dapre y varias superintendencias a cambio de favores sexuales. Ortiz, ante esa vinculación indirecta, salió al paso con una contundente defensa de su trayectoria profesional.
En su declaración, Ortiz afirmó que el proceso de contratación fue transparente y que sus funciones estaban claramente definidas. “Mis contratos pueden ser verificados en el Secop. No es información privada”, escribió, en un intento por despejar cualquier sospecha sobre su idoneidad. La excontratista, que se define como psicóloga y especialista en Gestión Pública, señaló que posee la experiencia, capacidad y formación necesarias para cumplir con las obligaciones que le fueron asignadas, y que su incorporación al equipo de comunicaciones no implicó ningún trato preferencial.
“Voy a responder públicamente porque no tengo nada que esconder. Mis contratos pueden ser verificados en el Secop. No es información privada”.
Elizabeth Ortiz, excontratista del Dapre
Respecto a su relación con el expresidente Petro, Ortiz fue categórica: antes de que él asumiera la Presidencia no lo conocía personalmente, y la única vez que se reunió con él fue en un encuentro de comunicaciones en la Casa de Nariño, con la presencia de Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, y otros integrantes del equipo. Aunque supuso que la autorización para acceder a la sede presidencial debía darla el propio presidente, negó que de su parte hubiera recibido “insinuaciones de carácter sentimental o sexual” y rechazó de plano hacer parte de ninguna red de favores.
“No he mantenido relaciones sentimentales ni sexuales con ninguna persona del Gobierno ni tampoco he aceptado contratos a cambio de favores personales ni sexuales”, sostuvo en su descargo, en el que también subrayó que apoyó a Petro en campaña “por pura convicción y sin ningún interés”, aunque tras las acusaciones siente que su nombre y su trayectoria profesional merecen respeto.
El expresidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su defensa, asegurando que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie y que el video difundido por Jiménez no contiene prueba alguna de contratos, pagos o decisiones administrativas. Mientras tanto, la Fiscalía y la Procuraduría adelantan investigaciones para esclarecer si existieron irregularidades en la contratación, abusos de poder o violencia de género, y la autenticidad del video deberá ser evaluada mediante peritajes.
La controversia sigue creciendo y Ortiz, al igual que otras mujeres señaladas en este contexto, está a la espera de que las autoridades determinen si hubo conductas ilegales. Por ahora, su defensa se basa en la verificación pública de sus contratos y en su trayectoria profesional, que considera suficiente para desmentir cualquier vínculo con una presunta red de favores sexuales.
