Transparencia por Colombia, la organización anticorrupción que vigila el manejo de los recursos públicos, pidió a las autoridades judiciales una investigación rigurosa, independiente y urgente sobre las denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales que involucran al expresidente Gustavo Petro. En un pronunciamiento emitido el 6 de noviembre de 2025, la entidad alertó sobre la posible comisión del delito de sextorsión, una forma de corrupción en la que el poder público se utiliza para explotar sexualmente a quienes dependen de quien lo detenta.
Las denuncias, conocidas popularmente como los sexocontratos, surgieron del testimonio de Deicy Jiménez, una excontratista que aseguró haber mantenido una relación con Petro desde 2019, cuando el hoy expresidente era senador, y que luego recibió contratos estatales como presunto pago por encuentros sexuales. Jiménez ha señalado que en total fueron diez los contratos que obtuvo en entidades como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y ha afirmado que existiría una red de entre treinta y cuarenta mujeres que habrían accedido a recursos públicos bajo condiciones similares, una cifra que aún no ha sido comprobada judicialmente.
En su comunicado, Transparencia por Colombia expresó que «no solo la presunta situación debe generar un rechazo contundente ante un posible abuso del poder público a cambio de un favor sexual. También estaríamos hablando de una forma de corrupción que ha sido silenciada y que tiene muchas barreras para su investigación». La organización aclaró que no se trata de juzgar anticipadamente a nadie, sino de reconocer que el abuso de autoridad con fines sexuales constituye, si se prueba, una de las formas más graves de corrupción y de vulneración de derechos humanos.
La sextorsión, una corrupción silenciada
La organización citó el informe de Transparencia Internacional de 2020 titulado «Rompiendo el silencio sobre la sextorsión: los vínculos entre el poder, el sexo y la corrupción» para contextualizar un fenómeno que ha sido históricamente invisibilizado y que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, según advirtió. En ese documento se define la sextorsión como el abuso del poder público para obtener beneficios sexuales, y se subraya que las víctimas suelen ser personas en situación de dependencia frente a quienes detentan autoridad estatal. En este marco, Transparencia por Colombia lanzó tres interrogantes que resumen la gravedad del caso:
«¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tanto se ha extendido esta forma de corrupción? ¿En qué momento se habría vuelto aceptable que los recursos públicos se convirtieran en vehículos de corrupción sexual?»
Transparencia por Colombia
La organización solicitó a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría la práctica de pruebas integrales que permitan esclarecer los hechos y la adopción de medidas de protección para las denunciantes, quienes enfrentan un alto riesgo de represalias. También pidió que la investigación se extienda a todas las entidades mencionadas por Jiménez y a cualquier funcionario que haya tenido participación en la presunta red de contratos. Las declaraciones de Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia en una administración anterior, sumaron nuevos elementos al escándalo, al mencionar que al menos cuarenta y ocho mujeres habrían estado vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios en la administración anterior, un dato que aún no ha sido verificado oficialmente.
Petro niega las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro ha rechazado de manera categórica las acusaciones y afirmó que las mujeres vinculadas a su gobierno lo fueron por sus capacidades profesionales, no por favores sexuales. En una declaración difundida a los medios, Petro fue contundente:
«Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante».
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
A pesar de su negativa, las denuncias han generado un fuerte revuelo político y judicial en el país. La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal el 23 de octubre pasado para investigar los hechos, mientras que la Corte Suprema de Justicia admitió una denuncia contra Petro y la senadora María José Pizarro por hechos ocurridos cuando el expresidente era congresista. En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por posibles irregularidades disciplinarias. La Corte Suprema, además, ordenó labores de policía judicial en la Secretaría del Senado para revisar los contratos de Jiménez y establecer si existió alguna irregularidad en su otorgamiento.
Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos, Transparencia por Colombia insistió en que este caso debe servir para romper el silencio en torno a la sextorsión y para enviar un mensaje claro de que los recursos públicos no pueden convertirse en moneda de cambio para la explotación sexual. La organización concluyó su pronunciamiento con un llamado a la sociedad y a las instituciones para que no se normalice una práctica que, de confirmarse, representaría una grave traición a la confianza depositada en quienes ejercen el poder público.
